Por: Abg. José Luis Aspilcueta Rojas – Árbitro Especializado en Contrataciones del Estado

Un contrato reviste un acuerdo de voluntades de dos o más partes que permite crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica y se forma con la coincidencia entre la propuesta y la aceptación, que es lo que se denomina consentimiento.

Los contratos por lo general estipulan un plazo, que se define como el lapso en el cual puede realizarse una obligación y su término es el momento en que ha de cumplirse la obligación, siendo el término el fin del plazo.

El plazo de la ejecución contractual en contratación pública se inicia al día siguiente de la suscripción del contrato, desde la fecha que establezca el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Específicamente para la ejecución de obras públicas el inicio de plazo de ejecución opera desde que se cumplan determinados requisitos dentro de los cuales se encuentran determinadas obligaciones a cargo de la Entidad para con el contratista como son: Que haya notificado quién es el supervisor, que haya hecho entrega del terreno donde se ejecutará la obra, que haya entregado en expediente técnico de obra, que haya entregado el adelanto directo, entre otros.

Siguiendo en la línea de la contratación pública, el cómputo de plazo desde la convocatoria de proceso de selección hasta la suscripción del contrato se calcula en días hábiles, pero la propia ejecución contractual, es decir, el cumplimiento de la obligación, se calcula en días calendario.

Dicho esto, la norma de Contratación Pública considera la posibilidad que previo acuerdo de las partes se puede suspender el plazo de ejecución contractual en el supuesto que se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización en la ejecución de las prestaciones. Suspendido el plazo, este obviamente debe reiniciarse y la norma al respecto señala que reiniciado el plazo de ejecución corresponde a la Entidad comunicar al contratista la comunicación de las nuevas fechas de ejecución.

Ahora bien, como se tiene detallado, la norma de contratación pública permite suspender el plazo de ejecución previo acuerdo de las partes, pero no considera la formalidad legal para proceder en este sentido, es decir, qué instrumento legal usar para suspender el plazo; en consecuencia, las partes ante este vacío legal, por ejemplo, pueden suscribir un acta de suspensión, una adenda contractual o tratándose de ejecución de obras además realizar las anotaciones de suspensión en el cuaderno de obra por parte del supervisor y residente. Al respecto, estimo que si bien el actuar administrativo público se rige por el principio de legalidad, al existir este vacío, las partes pueden optar por cualquier mecanismo legal para optar por la suspensión, pero inexorablemente debe contener un acuerdo de voluntades, es decir, hacer constar el acuerdo suspensorio suscrito por ambas partes.

Profundizando un poco más en el tema de la suspensión de plazo, tenemos que si el plazo se suspende, en algún momento este debe ser reiniciado, y la norma de contratación pública únicamente señala que corresponde a la Entidad comunicar al contratista las nuevas fechas de ejecución. Para que esto suceda, es decir, comunicar las nuevas fechas de ejecución, debe previamente levantarse el estado de suspensión de plazo acordado entre las partes, pero la norma al igual que el caso anterior, no señala cuál es la formalidad para tal efecto, por lo que estimo que se debe utilizar el mismo mecanismo que se utilizó para suspender el plazo, para después comunicar al contratista las nuevas fechas de ejecución.