Durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior ha incurrido en gastos por 270 mil soles únicamente para contratar los servicios de defensa legal a favor del ministro Juan José Santiváñez. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte de todo el dinero invertido por su gobierno, no solo para defender al actual titular del Mininter, sino también a exministros, funcionarios del ministerio y miembros de la Policía Nacional del Perú.

Una revisión de las contrataciones realizadas por el Mininter en los últimos dos años hecha por Infobae Perú permite confirmar que el monto total invertido por dicha cartera asciende a 1 421 570 soles, de los cuales 751 570 soles fueron destinados únicamente para la contratación de abogados para el ministro actual, además de los exministros del Interior: Carlos Basombrío, Víctor Torres Falcón, Ismael Vargas Céspedes, y Víctor Rojas Herrera, en casos diversos que van desde delitos contra la administración pública -como negociación incompatible-, denuncias constitucionales e incluso genocidio.

Por el lado de los funcionarios del Ministerio del Interior beneficiados con la contratación de abogados usando dinero público para ejercer sus defensas legales, se encuentran los señores: Miguel Ángel Castro Taipe, Edwin Luis Revilla García, Carola Eliana Eyenith Cuadros Abanto, y Patricia Siboney Muñoz Toia. La suma invertida en estos funcionarios para la contratación de sus representantes alcanza los 320 mil soles.

Los motivos en estos cuatro casos no se limitan a faltas administrativas -como es el caso del señor Castro Taipe- sino que también se contrató a defensores legales de personal administrativo que habría cometido presuntos delitos contra la administración pública, como negociación incompatible, en los casos de Revilla García y de Muñoz Toia; además de colusión agravada en agravio del Estado, en el caso de Cuadros Abanto. Esto tal como muestran las actas de buena pro y diversas resoluciones de la Secretaría General del Ministerio del Interior consultadas por Infobae para elaborar este informe.

Hasta este punto, ya se ha nombrado a 9 de las once personas beneficiadas por el Mininter, que usó dinero de todos los peruanos para contratar abogados defensores. Ninguna de ellas representó un costo superior a 150 mil soles por cada caso particular por el que fue denunciado, una norma que se cumple incluso para el ministro del Interior actual y los extitulares de la cartera.

Por el lado de los policías, sin embargo, la adjudicación de un nuevo contrato de defensa legal se produjo hace apenas unos días, el 11 de setiembre, a favor del suboficial de tercera PNP Jose Luis Capuñay Saldaña, que contará con el abogado Jesús Paul Poma Zamudio como representante legal por un costo de 50 mil soles por la presunta comisión de dos delitos: Contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves; y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad “en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, según pudo conocer Infobae Perú.

Sin embargo, en 2023, el Ministerio del Interior logró su récord de gasto, cuando contrató por 300 mil soles a un abogado para Vicente Marcelo Álvarez Moreno, ex teniente general de la Policía Nacional del Perú y exjefe del Estado Mayor de la PNP, ascendido al cargo por el expresidente Pedro Castillo, y que está involucrado en los presuntos delitos de homicidio calificado, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.