Por: Roxana Ortiz A.

El 22 de agosto se conocerá cuál es la sentencia final que recibirá el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, de acuerdo al cronograma de audiencias fijado por la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de la Corte de Justicia de Arequipa.

Ayer se inició la audiencia para revisar la apelación a la sentencia dada en diciembre del 2021, en el que se dictó la sentencia de seis años de pena privativa de la libertad para el burgomaestre; pero el Ministerio Público también decidió apelar a dicha sentencia pidiendo incrementar la pena a 9 años de prisión preventiva.

El caso proviene del año 2011, cuando Candia Aguilar, en ese entonces alcalde de Alto Selva Alegre, junto a otros ex funcionarios, llevaron a cabo un proceso para la adquisición de cámaras de seguridad que se iban a instalar en el distrito; pero la Contraloría habría detectado algunas irregularidades en el proceso, para favorecer a la empresa que ganó la licitación.

Ellos habrían actuado contra la administración pública por la comisión del delito de colusión agravada. Previo a este proceso, se anularon dos juicios anteriores, hasta que se dio la sentencia a fines del año pasado, en que los imputados apelaron a la misma, lo mismo que los fiscales del Ministerio Público. Los primeros para que se revoque la sentencia y sean absueltos de los delitos, mientras que los fiscales ampliaron el pedio a 9 años de prisión.

Los involucrados en este proceso judicial, además de Candia Aguilar, son José Luis Ríos Sánchez, representante de la empresa proveedora de las cámaras, quien ayer rindió su manifestación y fue interrogado por el pool de fiscales presidido por Carlos Herrera Mogrovejo; igualmente están Reynaldo Díaz Chilo, quien fue el ex subgerente de Servicios Comunales de Alto Selva Alegre, además de Sandro Martínez Sardón, quienes fueron sentenciados en una primera instancia a seis años de prisión.

También se encontró responsabilidad en calidad de cómplices al sub gerente de Logística, Juan José Lipe Lizárraga y el consultor Sandro Martínez Sardón, a quienes se les impuso una condena de 3 años de pena privativa de la libertad. Para ellos piden 4 años.

La Procuraduría Pública también ha solicitado que se declare infundada la reparación civil fijada en 36 mil soles y se incremente el monto a 2 millones de soles.