Por: Roy F. Cárdenas Velarde

Según cifras del Ministerio del Ambiente (Minam), entre abril del 2020 y el pasado 8 de febrero, diez defensores ambientales han perdido la vida como consecuencia de las actividades ilegales que afectan los recursos naturales y el ambiente.

Dicho escenario ha llevado a que la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (Unida) del Minam esté próxima a publicar una guía para defensores ambientales, que permitirá conocer las medidas de protección y los procedimientos previstos en el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Los asesinatos a los defensores ambientales no son realizados de manera fortuita. En la mayoría de los casos, estos defensores son víctimas de amenazas y actos de hostigamiento, y en algunos otros, sobrevivientes de atentados posteriores.

Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Quizás hasta no contar con mecanismos efectivos para proteger a los defensores ambientales de las amenazas o atentados que puedan recibir, la Policía Nacional del Perú debería ponerlos a buen resguardo.

El pretender asignarles un resguardo policial o que cuenten con garantías para su vida podría ser inviable, penosamente, si tomamos en consideración que estas zonas son –muchas veces– de difícil acceso, y que las dependencias policiales no siempre cuentan con el número adecuado de efectivos.

Ante ello, lo más conveniente sería colocar a los defensores ambientales a buen recaudo, incluso trasladarlos a otras zonas geográficas mientras duran las investigaciones que permitan dar con los responsables de las amenazas o atentados.

No son ellos y ellas quienes deberían salir huyendo de sus territorios a fin de salvaguardar su integridad, pero si en ciudades como Lima el crimen viene haciendo de las suyas, imagínese cómo será en aquellas regiones donde difícilmente llega el Estado.

Lo cierto es que los asesinatos de defensores ambientales son una terrible realidad que compartimos con otros países de la región. Por lo que se debería evaluar los aciertos y desaciertos que tuvieron en este proceso por proteger a los defensores ambientales.

Sin ir muy lejos, tenemos el caso de Colombia, país que si bien cuenta con la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, ello no ha impedido que el número de asesinatos siga en aumento, colocándolo con la mayor tasa de defensores ambientales asesinados, según la ONG británica Global Witness.

Nuestra cifra va en 10. Esta cantidad no debería aumentar. Para ello se requiere medidas de prevención que sean trabajadas para ayer. Medidas a mediano y largo plazo son lujos que no podemos permitirnos.