Perjuicio económico para la Municipalidad de Uchumayo.

Por Jorge Turpo R.

En las gestiones del exalcalde Víctor Quispe y del actual burgomaestre Hardin Abril, se compró pasajes sin cotizaciones y a empresas que no tienen como actividad la venta de pasajes.

PERJUICIO FUE DE MAS DE S/ 30 MIL

Por un servicio que no justificó técnica ni económicamente, la Municipalidad Distrital de Uchumayo gastó más de 120 mil soles en pasajes aéreos durante los años 2022 y 2023. Según un reciente informe de la Contraloría General de la República, al menos 79 boletos fueron adquiridos a través de órdenes de servicio que presentaban irregularidades que van desde el uso de proveedores sin registro RUC hasta precios que excedían en más del 40 % los costos referenciales del mercado.

El Informe de Control Específico N° 006-2024-2-0456-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la misma municipalidad, concluye que los gastos por concepto de “pasajes aéreos nacionales” no sólo fueron elevados, sino también ejecutados sin sustento técnico ni administrativo adecuado.

En concreto, el municipio destinó S/ 124 mil a través de nueve órdenes de servicio en favor de seis proveedores, entre abril de 2022 y mayo de 2023.

Uno de los hallazgos más graves del informe se refiere a la ausencia de cotizaciones. En siete de las nueve órdenes de servicio, no se adjuntaron documentos que acrediten la comparación de precios con otras empresas del rubro, práctica básica que permitiría verificar la razonabilidad del gasto.

En otras palabras, se compraron pasajes sin contrastar si el precio ofrecido era el más conveniente para la entidad pública.

Esos pasajes eran destinados, sobre todo, a viajes a Lima del exalcalde, Víctor Quispe Velásquez y el actual alcalde Hardin Abril Velarde.

PAGARÓN DE MÁS

Además, se identificaron sobrecostos importantes. Por ejemplo, el costo promedio por pasaje aéreo comprado por la Municipalidad de Uchumayo fue de S/ 1 348.

En contraste, el valor de mercado promedio, según la consulta realizada por el equipo de control en las mismas fechas, no superaba los S/ 952. La diferencia de S/ 396 por pasaje representa un sobrecosto de más del 40 %.

En total, el perjuicio económico ocasionado al Estado se calcula en S/ 31 284.04.

Los funcionarios involucrados tampoco justificaron adecuadamente la necesidad del servicio ni por qué no recurrieron a los mecanismos ordinarios de compra de bienes y servicios.

Las órdenes de servicio fueron emitidas sin un requerimiento formal de las áreas solicitantes, sin especificar los destinos ni los motivos de los viajes, y sin que se evidencie la participación del Área de Logística en los procesos previos.

Otro aspecto alarmante es la falta de idoneidad de algunos proveedores. Uno de ellos, que recibió más de 20 mil soles en pagos, no tenía registrado como actividad principal la venta de pasajes ni aparecía como empresa formalmente constituida en el rubro turístico o de transporte. Aun así, fue contratado para realizar múltiples gestiones de viajes en nombre del municipio.

El informe también detecta que varias órdenes de servicio fueron emitidas sin que se hubiera cumplido con la ejecución previa del contrato. Es decir, primero se realizaron los viajes y después se formalizó el servicio por escrito, en una práctica que contraviene los principios de legalidad y previsión presupuestaria en la administración pública.

Consultada sobre las observaciones, la Municipalidad Distrital de Uchumayo no presentó descargos técnicos suficientes para justificar las contrataciones observadas. Si bien respondió al requerimiento de información durante la etapa de control, no aportó documentos que validen las decisiones adoptadas ni pruebas que contradigan el análisis económico realizado por el OCI.

En su lugar, los responsables administrativos remitieron copias simples de las órdenes de servicio y facturas, sin anexar informes de resultados o evidencias de que los viajes generaron beneficios para la gestión municipal.

SITUACIÓN GRAVE

Para la Contraloría, esta conducta vulnera los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y podría dar lugar al inicio de acciones administrativas o incluso penales contra los funcionarios responsables.

En total, el informe concluye que hubo responsabilidad administrativa en al menos cuatro funcionarios que participaron en la aprobación, tramitación y ejecución de los gastos observados. Se recomendó iniciar las investigaciones correspondientes para determinar sanciones, además de disponer que la municipalidad implemente mecanismos correctivos que aseguren una mejor planificación, evaluación y supervisión de las contrataciones.

El caso de Uchumayo no es aislado. En los últimos meses, la Contraloría ha detectado prácticas similares en otras municipalidades del país, donde el uso de servicios como viajes, consultorías y eventos se convierte en una vía para el uso ineficiente —cuando no irregular— del presupuesto público.

La lección es clara: sin control, hasta los pasajes se convierten en lujo, y el Estado termina pagando más de la cuenta por no mirar lo obvio.