Soldados deben «eliminar» a integrantes del grupo armado colombiano Comandos de Frontera.

El envío de un contingente de 1 500 soldados ecuatorianos a la región amazónica fronteriza con Perú y Colombia revela la gravedad de la crisis de seguridad que afecta esta zona estratégica. Esta acción del gobierno de ese país responde a la escalada de violencia y control territorial por parte de grupos armados vinculados a la minería ilegal, narcotráfico y otras actividades ilícitas, que afectan no solo a Ecuador, sino también a las comunidades peruanas y colombianas cercanas.

El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció el despliegue de un amplio escuadrón conformado por efectivos de Fuerzas Especiales, inteligencia y contraterrorismo, con la misión de localizar y neutralizar a los grupos insurgentes y mafias que controlan la minería ilegal en la zona de la provincia de Orellana, una de las áreas más afectadas. Esta medida surge luego de un brutal ataque ocurrido en mayo, donde 11 militares ecuatorianos perdieron la vida en una emboscada perpetrada presuntamente por disidentes de las Farc, en una operación para erradicar campamentos ilegales de extracción de oro.

El suceso puso en evidencia la profundidad del problema: no solo la presencia de grupos armados experimentados y bien equipados, sino también la posible infiltración de criminales dentro de las propias instituciones de seguridad. Expertos adviertieron que la corrupción y las redes internas complican aún más la lucha contra estas mafias, dificultando la efectividad de las operaciones y poniendo en riesgo a los uniformados.

Los 1 500 soldados fueron enviados en la región amazónica del Alto Punino en una operación para localizar y «eliminar» a miembros del grupo armado colombiano Comandos de Frontera, al que acusan del asesinato de once militares el pasado viernes en la vecina región del Coca.

El control de la minería ilegal representa para estos grupos mucho más que un negocio: es la base de una economía criminal que financia actividades como el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas.

Reportes oficiales señalan que la riqueza generada por el oro extraído ilegalmente en la cuenca del río Punín ha crecido exponencialmente en los últimos años, impulsada por el aumento del precio internacional del metal y por la impunidad que les permite operar sin restricciones.