FISCAL DE LA NACIÓN

Presenta cinco denuncias

constitucionales contra Boluarte

Tensión se intensifica entre el Ministerio Público y la mandataria.

Nuevas acciones legales aparecen tras promulgación de ley rechazada por sistema de justicia.

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La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reactivó el conflicto entre el Ministerio Público y el Ejecutivo al presentar cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra en apenas dos días.

Con estas acciones, el total de procedimientos iniciados por la Fiscalía asciende a nueve, consolidando un escenario político-judicial cada vez más tenso.

El Ministerio Público presentó tres denuncias el viernes pasado. La primera se relaciona con las cirugías estéticas que la mandataria se habría practicado en junio de 2023, lo que podría configurar omisión de funciones o, en su defecto, abandono del cargo.

La segunda denuncia acusa a Boluarte de encubrimiento personal por la presunta fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un vehículo del Estado. La tercera incluye cargos por enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones patrimoniales.

Un día antes, el jueves, la Fiscalía ingresó dos denuncias adicionales: una por supuesta colusión agravada en el marco del programa Qali Warma, cuando Boluarte ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y otra por las lesiones causadas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversas regiones del país.

El escenario se complica aún más si se consideran las otras cuatro denuncias previas, que giran en torno a muertes durante las manifestaciones sociales, la desactivación del equipo policial que asistía al grupo fiscal anticorrupción, y el caso Rolex, que involucra presunto cohecho pasivo impropio.

Las reacciones no se hicieron esperar. El abogado penalista Wilfredo Pedraza calificó dos de las nuevas acusaciones como «graves», en alusión a las muertes durante las protestas y a las donaciones que habría recibido la presidenta.

«La Fiscalía debe esclarecer si ella ordenó o permitió omisiones que pudieron evitar esas muertes», puntualizó.

El excanciller Javier González-Olaechea también pidió que Boluarte asuma su defensa con responsabilidad.

“Estoy seguro de que la presidenta está muy encima de estos procesos que se le han abierto y, conociéndola, irá contestando de forma que le permita la ley”, expresó.

Sin embargo, reconoció que algunos de los casos podrían carecer de sustento: “Espero, por el bien del país, que muchas de estas denuncias se caigan”.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó que, aunque la jefa del Estado no puede ser investigada penalmente mientras dure su mandato, el Congreso sí puede avanzar en una eventual moción de vacancia utilizando la información recopilada como medios probatorios.

Estas recientes denuncias surgen en un contexto en el que el Poder Ejecutivo promulgó una controvertida ley que modifica el Decreto Legislativo N.° 1373, sobre extinción de dominio.

La norma, que fue cuestionada abiertamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, sostiene que reduce las herramientas del Estado para confiscar bienes ligados a actividades criminales.

En esa línea, la propia fiscal Espinoza, junto a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se opusieron a esta reforma durante su debate en el Congreso, advirtiendo que podría fomentar la impunidad.

No obstante, Boluarte firmó la promulgación de la ley el pasado 9 de mayo, junto al entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, lo que para muchos analistas detonó el reciente embate judicial por parte de la Fiscalía.

RESALTAR

Así, el choque entre la Fiscalía y el Ejecutivo adquiere una nueva dimensión con estas denuncias constitucionales, las cuales podrían configurar un antes y un después en la relación entre las instituciones del Estado.