Por Carlos Meneses

EL DESAFÍO NO ESTÁ EN ACORTAR PLAZOS, SINO EN ELEVAR LA CALIDAD DEL DEBATE PÚBLICO. SOLO ASÍ, LOS NÚMEROS DEJARÁN DE SUSTITUIR A LAS IDEAS, Y LAS ENCUESTAS DEJARÁN DE MARCAR EL RUMBO DE LA POLÍTICA.

La reciente aprobación de la Comisión de Constitución del Congreso para permitir la difusión de encuestas hasta tres días antes de las elecciones reabre un debate fundamental sobre los límites de la información en los procesos democráticos. La medida, respaldada por 16 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, reduce la restricción vigente de siete días y busca — según sus promotores— adecuar la ley a los tiempos digitales. Pero más allá de la coyuntura, el tema plantea una pregunta esencial: ¿a quién benefi cia realmente esta reforma?

El argumento central del presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), es que la norma actual resulta obsoleta, pues en la era de las redes sociales y la información instantánea, ningún ciudadano deja de acceder a encuestas o sondeos en los días previos a la votación. En ese sentido, sostienen que mantener una prohibición formal, mientras en la práctica los datos circulan libremente por canales informales o extranjeros, solo genera una fi cción legal que debilita la credibilidad del proceso. La propuesta, desde esa mirada, sería un acto de realismo político.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que las encuestas no son simples instrumentos técnicos de medición: son también herramientas de infl uencia. Su difusión masiva, especialmente en los días fi nales de campaña, puede modifi car percepciones, reforzar narrativas o inducir el llamado “voto útil”. En países donde la independencia de las encuestadoras ha sido objeto de cuestionamiento, reducir el plazo de silencio estadístico puede traducirse en un arma de manipulación más que en un ejercicio de transparencia.

La defensa del derecho a la información, argumento esgrimido por los impulsores del cambio, no puede confundirse con la promoción de un mercado político desregulado, donde la última encuesta tenga más peso que las propuestas o los planes de gobierno. La información es un derecho, sí, pero también un deber de responsabilidad pública. Y esa responsabilidad debe recaer no solo en los medios o las encuestadoras, sino en el propio Estado, que debe garantizar condiciones equitativas para el voto informado.

Resulta, además, contradictorio que el mismo Congreso que hoy defi ende la libre difusión de encuestas, se niegue reiteradamente a transparentar sus propias decisiones, sus gastos o las razones detrás de ciertas reformas. La coherencia democrática no puede ser selectiva: quien invoca la libertad de información debe practicarla en todos los ámbitos