Gerente general del GRA, Berly Gonzáles Arias.

Ante las quejas reiteradas del Órgano de Control Interno (OCI), el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aseguró que busca cumplir con todas las recomendaciones formuladas por la Contraloría. Sin embargo, reconoció que la corrección de las observaciones puede extenderse más allá de los plazos establecidos, debido a que el equipo encargado del seguimiento de informes y recomendaciones es reducido.

En los informes presentados ante el Consejo Regional, el OCI advierte que el GRA no implementa oportunamente la totalidad de recomendaciones de control. Además, gran parte de las situaciones adversas detectadas permanecen en estado “pendiente”, “sin acciones” o “no corregidas”, lo que refleja una falta de medidas preventivas y correctivas.

«No todas las observaciones son de inmediata superación. El proceso de implementación puede tomar algún tiempo adicional, pero tenemos un equipo que monitorea permanentemente el cumplimiento dentro del plazo previsto. Si es necesario un plazo adicional, solicitamos la ampliación correspondiente», declaró Berly Gonzáles Arias, gerente general del GRA.

La Contraloría otorga 45 días para implementar recomendaciones, con la posibilidad de ampliar el plazo otros 45 días en casos complejos. Gonzáles Arias reconoció que el personal encargado del seguimiento es limitado, pero aseguró que buscan atender todos los informes recibidos, incluso los provenientes de gestiones anteriores.

Desde el 20 de agosto, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 0406-2025-GRA/GR, se asignó a la Gerencia General la responsabilidad de monitorear y supervisar las acciones correctivas adoptadas por las diferentes unidades del GRA. Hasta la fecha, existen más de 60 informes en trámite que involucran principalmente a Autodema, las UGEL, los hospitales y la sede central del gobierno regional.

Responsabilidad penal en Autodema

A inicios de octubre, una auditoría al Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS)–Autodema reveló presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas en el gerente ejecutivo Duberly Otazú García y otros 11 funcionarios. La investigación, vinculada a negligencias en la aprobación del expediente técnico de un proyecto de desarrollo productivo de uva en Majes (Caylloma), habría generado un perjuicio económico superior a S/ 760 mil.

Al respecto, Gonzáles Arias explicó que la Contraloría impulsa las acciones legales en caso de responsabilidad penal, mientras que el funcionario involucrado debe ejercer su defensa de forma independiente. Si se determina responsabilidad administrativa, el GRA remitirá el caso a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos para iniciar las acciones correspondientes.