Extorsiones aumentan en todo el país. La reciente reglamentación de la denominada “ley anti extorsiones” abrió un nuevo marco normativo para enfrentar el crimen organizado en el Perú. La norma llega en un contexto de emergencia por el avance de la extorsión y el sicariato; sin embargo, desde el Colegio de Abogados de Arequipa advirtieron que la falta de recursos específicos y la débil articulación entre los gobiernos locales dificultarán su efectividad.

FALTAN RECURSOS Y TRABAJO ARTICULADO

A través del Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, el Gobierno aprobó las disposiciones complementarias para aplicar la Ley N° 32490, orientada a enfrentar la extorsión y el sicariato que afectan a empresas de transporte público y de mercancías en el país. Entre las medidas previstas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS coordinará con la PNP el acceso a información para apoyar las investigaciones, mientras que el MTC evaluará rutas, paraderos, terminales y vehículos a fin de implementar acciones de seguridad operativa. A su vez, la policía desplegará centros de comando y patrullaje focalizado a nivel nacional.

Al respecto, Jorge Sumari Buendía, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, advirtió que la ley no cuenta con respaldo financiero ni precisa mecanismos claros de articulación. «La extorsión responde a un tema estructural y afecta al país en todas sus esferas. Entonces, para enfrentarla se requiere comprometer a la policía, a los gobiernos locales y a todas las entidades, pero ¿hay una partida para que los involucrados apliquen la normativa? Porque si se les exige aplicar cambios con su presupuesto regular, en muchos casos mínimo, de antemano cualquier política va a fracasar», refirió.

La falta de respaldo financiero, advirtió, se traduce en que las precariedades de la PNP, el Ministerio Público y otros operadores de justicia para afrontar la extorsión se mantendrán. Lo mismo ocurre con los gobiernos locales, que en muchos casos no disponen de partidas específicas para garantizar la seguridad ciudadana ni equipar a sus juntas vecinales. En ese contexto, Sumari Buendía sostuvo que el problema no radica en la existencia de una nueva ley, sino en la implementación de mecanismos que aseguren su cumplimiento y sostenibilidad.

Finalmente, el decano señaló que la inminente salida del actual gobierno debilita cualquier intento de implementación sostenida de la norma. Sin una gestión que asuma su continuidad, la falta de lineamientos claros podría dejarla sin efecto práctico una vez concluido el mandato, lo que refuerza la percepción de una respuesta coyuntural frente a la presión pública y no de una política de Estado con proyección en el tiempo.