El Poder Judicial del Perú confirmó la autorización para levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo Terrones y un grupo de congresistas investigados por el caso Los Niños, al declarar infundado el recurso de apelación presentado por la legisladora de Acción Popular, Silvia Monteza.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ratificó la resolución emitida el 21 de abril de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, quien declaró fundado en parte el pedido de la Fiscalía de la Nación del Perú para acceder a la información financiera de los implicados. La medida alcanza el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

La defensa de Monteza alegó que la medida vulneraba su inmunidad parlamentaria y que la Fiscalía había actuado sin autorización del Congreso, lo que haría nulo el requerimiento. Sin embargo, el tribunal supremo desestimó estos argumentos, señalando que la legisladora no logró demostrar los supuestos agravios. “Alegar que, por su condición de congresista, la recurrente no puede ser investigada carece de sustento legal, pues no contraviene norma constitucional alguna”, indicó la resolución.

El colegiado sostuvo además que la solicitud fiscal se sustenta en suficientes elementos de convicción que justifican la medida. La información bancaria requerida será clave para determinar o descartar las imputaciones de presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El caso ‘Los Niños’ investiga una presunta organización criminal liderada por el expresidente Castillo, que habría operado con un grupo de congresistas de Acción Popular para favorecerlo políticamente en el Congreso. Según el Ministerio Público del Perú, los parlamentarios habrían ofrecido votar contra mociones de vacancia y censura a cambio de influir en nombramientos en ministerios y organismos públicos.

La Fiscalía de la Nación del Perú presentó en julio de 2025 una denuncia constitucional contra Castillo y los legisladores involucrados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.