Por: Carlos Meneses

Más allá de los montos específicos, lo que está en juego es la confianza ciudadana en el sistema electoral. Garantizar elecciones transparentes, ordenadas y seguras no solo es una obligación legal del Estado, sino también una condición indispensable para fortalecer la democracia. La reunión entre el JNE y el MEF debe servir para alcanzar un acuerdo responsable que permita asegurar los recursos necesarios y evitar que la organización de los comicios quede expuesta a incertidumbres presupuestales.

El anuncio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre la necesidad de contar con 289 millones de soles adicionales para asegurar el adecuado desarrollo de las Elecciones Generales 2026 abre un debate que trasciende lo meramente administrativo. Se trata, en realidad, de una cuestión esencial para la salud democrática del país: garantizar que los organismos electorales cuenten con los recursos necesarios para cumplir su función de fiscalizar, supervisar y asegurar la legalidad del proceso electoral.

La reunión de Burneo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo López, se produce en un contexto en el que el país enfrenta desafíos institucionales y una creciente desconfianza ciudadana hacia la política. En ese escenario, el rol del sistema electoral resulta clave para preservar la legitimidad de los comicios y la estabilidad democrática.

Si bien el Ejecutivo ya autorizó una transferencia de 114 millones de soles al JNE, esta cifra resulta insuficiente frente a las necesidades operativas que implica organizar un proceso electoral a nivel nacional. La instalación de Jurados Electorales Especiales, el fortalecimiento de las labores de fiscalización, el despliegue de personal y la supervisión de las campañas políticas demandan una inversión significativa que no puede improvisarse a último momento.

A diferencia de otras áreas del gasto público que pueden postergarse o ajustarse, el financiamiento de un proceso electoral tiene plazos estrictos y responsabilidades claras. No asignar oportunamente los recursos necesarios podría generar retrasos logísticos, debilitar los mecanismos de control e incluso abrir espacios para cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dirigida por Piero Corvetto, ha señalado que cuenta con fondos suficientes para cubrir la primera vuelta e incluso una eventual segunda. Sin embargo, el sistema electoral funciona como un engranaje en el que cada institución cumple un rol específico. Si uno de esos componentes enfrenta limitaciones presupuestales, todo el proceso podría verse afectado.

La discusión presupuestal también pone sobre la mesa la necesidad de una planificación más anticipada por parte del Estado. Las elecciones generales no son un evento inesperado; forman parte del calendario democrático del país. Por ello, los recursos para su organización deberían preverse con la debida anticipación y no depender de negociaciones de último momento entre instituciones.