Ante nuevas disposiciones del Ejecutivo, docentes afiliados al Sindicato Magisterial de Arequipa (Simag) anunciaron una marcha de protesta para el jueves 12 de marzo. La medida responde a la falta de pago de la deuda social magisterial, al retraso en la reglamentación de la Ley N.° 32390 y a una posible reducción en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para docentes.

Desde 2025, los docentes en el Perú reciben el 100% de su CTS al cese de la relación laboral, calculado sobre la base de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). El pago se realiza de manera fraccionada: 50% el primer año de cese, 20% el segundo y 30% el tercero. Sin embargo, tras el cambio de gestión se habría dispuesto un nuevo fraccionamiento de estos pagos. Ante esta situación, los docentes afiliados al Simag expresaron su oposición.

«La ex ministra de Economía y hoy premier, Denisse Miralles, afirmó que los beneficios que hemos logrado serán desconocidos. Por ejemplo, la CTS de un profesor, que actualmente equivale al 100% de su sueldo, será fraccionada e incluso podría quedar pendiente, al punto de convertirse nuevamente en una deuda social. Esto es preocupante porque la actual gestión adeuda más de S/500 millones por concepto de deuda social, sin que la actual gestión regional asigne fondos para el pago», declaró Walter Andia Salinas, secretario del Simag.

Desde 1990 el Estado adeuda alrededor de S/500 millones a nivel nacional por este concepto. Dicho monto, reconocido mediante sentencias del Poder Judicial en 2010, se pagaba anualmente con saldos de balance de los gobiernos regionales y partidas específicas del Gobierno central. De acuerdo con Andia Salinas, durante los cuatro años de gestión de Rohel Sánchez, el Gobierno Regional de Arequipa no habría destinado partidas específicas para el pago de esta deuda, situación que retrasa el cumplimiento para cientos de docentes.

A esta problemática se suma el proceso de nombramiento docente. En Arequipa, alrededor de 800 maestros esperan el nombramiento automático tras aprobar el examen de ingreso en 2022 y 2024. Este proceso requiere la reglamentación de la Ley N.° 32390. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la norma vulnera la meritocracia y el principio de igualdad de condiciones, además de carecer de sustento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, motivo por el cual presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los docentes anunciaron que se concentrarán el jueves 12 de marzo, a las 10:30 horas, en la plaza España, desde donde realizarán la movilización en rechazo a las disposiciones del Gobierno central.