Por: Carlos Meneses

El puente ya está en Yanahuara. Lo que falta ahora no es ingeniería ni maquinaria, sino voluntad política para superar las trabas administrativas y responder con la celeridad que la situación exige. Porque un puente detenido en medio de expedientes no conecta barrios ni devuelve la normalidad a la ciudad. Solo confirma, una vez más, que la burocracia puede ser tan destructiva como cualquier desastre natural.

En medio de una emergencia que afectó la transitabilidad y la seguridad de decenas de vecinos, la ciudad vuelve a enfrentar un problema recurrente: la lentitud del aparato público. El caso del puente Bailey destinado a reemplazar el colapsado puente La Concordia, en el distrito de Yanahuara, evidencia cómo la burocracia puede convertirse en el principal obstáculo para resolver una urgencia ciudadana.

La estructura metálica ya está en la zona. Sus piezas, que suman cerca de 49 toneladas, fueron trasladadas hasta el sector afectado por el desborde de la torrentera Chullo. Sin embargo, pese a que el puente está físicamente en el lugar, su instalación no puede empezar. El motivo no es técnico ni logístico: falta la firma de un convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y la municipalidad distrital.

La paradoja es evidente. Mientras los vecinos esperan recuperar una vía clave, el puente permanece inmóvil debido a un trámite administrativo. En otras palabras, la solución está lista, pero el Estado aún no decide quién debe ejecutarla.

Este episodio revela una debilidad estructural de la gestión pública: la superposición de competencias y la excesiva dependencia de procedimientos formales incluso en contextos de emergencia. El expediente técnico ya fue elaborado por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, y la municipalidad ha presentado metrajes y un presupuesto preliminar cercano a los 400 mil soles para ejecutar las obras civiles. Aun así, la intervención sigue detenida.

La discusión gira en torno a quién debe asumir la ejecución: si el gobierno regional mediante su gerencia de transportes o la municipalidad de Yanahuara con una transferencia de recursos. Mientras las autoridades deliberan, la población observa cómo los días pasan sin que se inicien los trabajos.

Este tipo de situaciones no es nueva en la región. En numerosas ocasiones, obras urgentes han quedado atrapadas en la maraña administrativa que caracteriza al aparato estatal. La burocracia, que debería garantizar orden y transparencia en la gestión pública, termina convirtiéndose en una barrera que retrasa soluciones que la ciudadanía necesita con urgencia.

En este caso, el retraso resulta aún más preocupante porque el puente Bailey no solo busca restablecer el tránsito, sino también corregir las condiciones que favorecieron el desborde de la torrentera. La intervención contempla construir nuevas bases de concreto armado, ampliar el cauce y mejorar la capacidad de evacuación del agua, medidas indispensables para evitar que la historia se repita en la próxima temporada de lluvias.

El tiempo, por tanto, es un factor crítico. Cada día perdido en trámites administrativos es un día más de riesgo para los vecinos y de incomodidad para quienes dependen de esa vía para movilizarse.

Más allá de las competencias institucionales, lo que la población espera es una decisión rápida y coordinada. La emergencia debería obligar a las autoridades a actuar con mayor flexibilidad y sentido de urgencia. Cuando se trata de infraestructura vital, la prioridad no puede ser el papeleo, sino la solución.