Por: Carlos Meneses

Seguir postergando esta agenda no solo compromete la calidad educativa, sino que expone a toda una generación a peligros evitables. La infraestructura escolar no puede seguir siendo el eslabón más débil del sistema educativo. Es, por el contrario, su base más urgente.

La educación en Arequipa enfrenta una crisis silenciosa, pero profundamente alarmante. No se trata únicamente de brechas en aprendizaje o resultados académicos, sino de una amenaza más básica y urgente: la seguridad de miles de estudiantes que asisten diariamente a colegios en riesgo de colapso. Según el reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), alrededor de 19 mil escolares —uno de cada diez en la región— estudian en locales que deberían ser sustituidos por completo. La cifra, por sí sola, debería encender todas las alertas.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Las lluvias de los primeros meses del año expusieron con crudeza una realidad que durante años se ha intentado maquillar con soluciones temporales. La declaratoria de emergencia en más de 700 instituciones educativas en febrero no fue una medida preventiva, sino una reacción tardía frente a una infraestructura que ya venía colapsando desde hace tiempo. El dato es contundente: cerca de 3 mil locales educativos están ubicados en zonas de alto o muy alto riesgo de inundación.

La precariedad golpea con mayor fuerza a las zonas rurales, donde históricamente el Estado ha tenido menor presencia. Provincias como La Unión, Castilla y Condesuyos presentan niveles críticos, con hasta nueve de cada diez colegios que requieren ser demolidos y reconstruidos. Esta desigualdad territorial no solo refleja una brecha en infraestructura, sino también una profunda inequidad en el acceso a condiciones dignas de estudio.

A ello se suma un problema estructural en la calidad de los espacios educativos. Aulas con paredes agrietadas, pisos deteriorados, instalaciones eléctricas deficientes y servicios básicos incompletos configuran un escenario que dista mucho de ser adecuado para el aprendizaje. Más grave aún es la dependencia prolongada de módulos prefabricados que, concebidos como soluciones temporales, llevan más de ocho años en uso en muchos casos. Lo provisional se ha vuelto permanente, y lo urgente ha sido sistemáticamente postergado.

El argumento presupuestal, si bien relevante, no puede seguir siendo la excusa. El déficit en infraestructura educativa supera los 4 mil 500 millones de soles, una cifra abrumadora frente a un presupuesto regional que, lejos de incrementarse, se ha reducido en 2026. Esta decisión no solo es cuestionable, sino contraproducente frente a una problemática que exige precisamente mayor inversión y planificación.

Arequipa no puede normalizar que miles de niños estudien en condiciones de riesgo. Garantizar espacios seguros no es un lujo ni una meta a largo plazo: es una obligación inmediata del Estado. La solución pasa por una estrategia integral que priorice la reconstrucción de colegios según niveles de riesgo, agilice los mecanismos de inversión —incluyendo asociaciones público-privadas— y establezca un sistema eficiente de mantenimiento preventivo.