La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco del caso denominado ‘El Cofre’. La decisión fue adoptada con ocho votos a favor y uno en contra, durante una sesión extraordinaria realizada este 18 de marzo.

El informe de calificación, elaborado por la Secretaría Técnica del grupo de trabajo, concluyó que la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación cumple con los requisitos de procedencia y contiene elementos suficientes para iniciar una investigación por presuntos delitos tipificados en el Código Penal.

El caso se remonta a febrero de 2024 y está vinculado al presunto uso irregular de un vehículo oficial de la Presidencia, conocido como ‘El Cofre’, el cual habría sido utilizado para facilitar la fuga del líder político Vladimir Cerrón, quien se encontraba prófugo de la justicia.

De acuerdo con la acusación fiscal, a Boluarte se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal agravado, al haber ordenado que el vehículo presidencial se dirija al condominio Asia del Sur, en la provincia de Cañete, donde se desarrollaban operativos policiales de control. Esta acción habría permitido eludir las intervenciones destinadas a capturar a Cerrón.

En tanto, a Santiváñez se le imputa el presunto delito de omisión de denuncia agravada, al no haber informado a las autoridades competentes sobre estos hechos pese a tener conocimiento de los mismos en su condición de ministro del Interior.

La denuncia fue presentada el 16 de mayo de 2025 por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, tras advertir indicios de irregularidades en el uso del vehículo oficial y otros elementos vinculados al caso.

Con la aprobación del informe, el expediente será remitido a la Comisión Permanente del Congreso, instancia que deberá evaluar su admisión. De ser ratificada, se otorgará un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación correspondiente y elabore un informe final que será debatido en el Pleno.

Este proceso marca un nuevo episodio en la agenda política nacional, en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y la responsabilidad de altos funcionarios.