La extorsión se consolida como uno de los principales problemas de seguridad en el país, afectando al 25 % de la población adulta, lo que equivale a más de seis millones de peruanos, según un reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia. El estudio revela que una de cada cuatro personas ha sido víctima directa o conoce a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.

El reporte advierte que la extorsión ya no se concentra únicamente en Lima. Si bien en la capital se registra una ligera disminución, el delito se ha expandido con mayor fuerza hacia regiones del centro, sur y oriente del país, incluyendo zonas rurales. Esta reconfiguración responde a estrategias del crimen organizado, que busca operar en territorios con menor presencia del Estado y limitadas capacidades de control.

Asimismo, el estudio identifica un crecimiento de delitos asociados a la criminalidad económica. Entre ellos destaca el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, cuya incidencia aumentó de 15 % en 2024 a 19 % en 2025, especialmente en ciudades del interior. A esto se suman las estafas digitales y telefónicas, que afectan al 27 % de la población adulta, impulsadas por el mayor uso de celulares, redes sociales y plataformas virtuales.

En paralelo, aunque se registraron cerca de mil operativos policiales exitosos durante 2025, estos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. El informe señala que persisten deficiencias estructurales en la institución policial, lo que limita la capacidad de respuesta ante el avance del crimen organizado.

El análisis también evidencia una fuerte concentración de homicidios en regiones como Lima, Callao y La Libertad, con focos críticos en ciudades como Trujillo, Piura y Sullana. En muchos de estos casos, los crímenes están vinculados a redes de extorsión y sicariato, donde predomina el uso de armas de fuego.

Uno de los sectores más golpeados es el transporte. Durante 2025 se registraron 239 transportistas asesinados, en su mayoría víctimas de mafias extorsivas. A ello se suma la persistencia de la violencia de género, con feminicidios que ocurren principalmente en el ámbito doméstico.

El informe advierte que la baja efectividad del sistema de justicia agrava el problema. Pese al aumento de denuncias, el número de condenas se mantiene estancado, lo que desalienta a las víctimas y favorece la expansión del delito. Además, la falta de sistemas integrados de seguridad, como los centros de comando C5i, limita la prevención y respuesta estatal frente a estas amenazas.