Por: Carlos Meneses

Garantizar un voto informado y válido no es solo una tarea técnica, sino un compromiso democrático. Aún hay tiempo para corregir el rumbo, pero la inacción podría costar caro.

A pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril, un reciente simulacro electoral ha encendido una señal de alerta que no puede ser ignorada. El dato es contundente: el 64% de los votos emitidos para el Senado resultaron nulos. Más allá de la cifra, lo verdaderamente preocupante es lo que revela: una grave deficiencia en la comprensión del proceso de votación por parte de un amplio sector de la ciudadanía.

El ejercicio, que simuló de manera práctica el acto de sufragio, dejó en evidencia errores reiterados. Muchos participantes marcaron más de una opción en la elección presidencial, otros dejaron espacios en blanco y no faltaron quienes confundieron las columnas correspondientes al Senado y al Senado Regional. Estas fallas no son menores; reflejan una desconexión entre el diseño del sistema electoral y la capacidad del votante para interpretarlo correctamente.

En este escenario, resulta inevitable cuestionar el rol de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si bien su labor incluye la organización técnica de los comicios, también tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso sea accesible y comprensible. El diseño de la cédula electoral, lejos de facilitar el voto, parece haberse convertido en un obstáculo. La inclusión de múltiples elecciones en un solo documento, sin una diferenciación suficientemente clara, ha generado confusión y errores que podrían haberse evitado.

Una alternativa razonable habría sido optar por cédulas separadas para cada tipo de elección: presidencial, senatorial y de diputados. Esta medida, aunque implique mayores costos logísticos, podría reducir significativamente el margen de error y asegurar que la voluntad del elector se exprese de manera válida. En democracia, la claridad no es un lujo, sino una necesidad.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. El bajo nivel de participación en las capacitaciones organizadas por la ONPE —apenas un 6% de personeros— evidencia también una preocupante falta de compromiso por parte de los actores políticos. Si quienes deben velar por la transparencia del proceso no se preparan adecuadamente, difícilmente podrán orientar a los ciudadanos el día de la votación.

Frente a este panorama, se impone una acción urgente y coordinada. Las campañas de información deben intensificarse, utilizando no solo medios tradicionales, sino también redes sociales y plataformas digitales que permitan llegar a un público más amplio. No basta con invitar a votar; es imprescindible enseñar cómo hacerlo correctamente.

El riesgo es claro: una alta tasa de votos nulos no solo distorsiona los resultados, sino que puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, errores evitables pueden tener consecuencias profundas.