Por: César Gutiérrez – El Montonero

La reciente decisión de Fitch & Rating (F&R) de bajar la calificación crediticia de Petroperú, pasándola a la categoría “grado especulativo” es un golpe muy duro a la actual gestión del directorio presidido por Humberto Campodónico. Siendo la segunda calificadora que toma la misma decisión, la anterior fue Standar & Poor’s (S&P), la percepción de la empresa a nivel financiero pasa por su peor momento.

Más allá del elevado endeudamiento de largo plazo, que ascendió a junio de este año a US$ 4,399 millones y sus carencias de capital de trabajo; una de las afirmaciones más sentenciosa de F&R ha sido: “los problemas de gobernanza y la debilidad relacionada con la transparencia financiera, como lo demuestra el retraso de la auditoría financiera de los estados del ejercicio 2021”. Tema sobre el que quiero abundar.

Lo manifestado por la calificadora la veo en dos ámbitos: transparencia financiera y los estados auditados del 2021. Sobre lo primero, yo he venido manifestando hace más de un año, que es indispensable que se conozca el monto pendiente de pago por el faraónico Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT). Esto implica pagos por trabajos realizados aún no cancelados, retrasos incurridos, costos de la preservación de la infraestructura de refinación por atrasos en la culminación de los servicios auxiliares y por los servicios prestados por su Project Management Consultants (PMC) y su Project Management Office (PMO). Si no se tiene esa cifra, no se tendrá clara la necesidad de caja para poner en operación la refinería.

Pero no solo eso, para poder conocer las necesidades de capital de trabajo para importar combustibles, se tiene que saber el estimado de costos y precios de venta con los que hacen sus proyecciones para los próximos meses, por lo menos hasta culminar el año. Por supuesto que esta información deberá ser manejada en la Junta General de Accionistas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga en cuenta la posible cobertura de liquidez que tenga que hacer. Hasta donde se sabe esto aún no está claro.

Los dos puntos anteriores deben entenderse como falta de transparencia financiera, y no solo ligarla a la falta de auditoría de los estados financieros del 2021, que le acomoda muy bien a la administración actual.

Pero no solo en el tema financiero hay ocultismo en la información, he venido reiterando desde el 2018 que las principales adquisiciones que son de crudo y combustibles, que bajo el pretexto que es información confidencial, que no la es, no se conoce las razones por las cuales los proveedores ganan los concursos. Estamos hablando de cerca de US$ 3,800 millones al año. Es decir, no es de público conocimiento si se está comprando en las mejores condiciones de mercado, F&R obvia este tema, cosa que también sirve a los administradores en funciones para culpar a la administración pasada que está siendo investigadas por un proceso por la compra de biodiésel por US$ 84 millones.

En resumen, los problemas actuales no son solo de los gestores que entraron con el gobierno de Castillo que estuvieron en el cargo seis meses, viene desde que se decidió endeudamientos hasta por US$ 3,000 millones en marzo del 2017. Muchos de los críticos que están en la empresa hoy, participaron entusiastamente de la “hora loca” del endeudamiento. Ahora hay dos cosas por hacer inmediatamente: sinceramiento de cifras e investigar a los que participaron en el dispendio que ha llevado a Petroperú a la calamitosa situación en que se encuentra.

Corresponderá bajo responsabilidad, al titular del MEF, Kurt Burneo, ajustar las clavijas porque va a tener que seguir apoyando financieramente y al Contralor Nélson Shack, hacer una investigación imparcial de lo ocurrido.