Por: José Colque

Ocho de las catorce listas que buscan convertir a ciudadanos en consejeros regionales para las Elecciones del 2 de octubre, presentan entre uno o dos candidatos con sentencias. De acuerdo a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, se trata de las organizaciones políticas Fuerza Arequipeña (2), Juntos por el Perú (2), Partido Frente de la Esperanza 2021 (2), Alianza Para el Progreso, Arequipa, Tradición y Futuro, Perú Libre y Avanza País.

El movimiento de “La casita”, liderado por Marco Falconí, consignó a Rómulo Manzaneda y Juan Bravo como aspirantes al CRA. Manzaneda registra dos sentencias por Alimentos en el 2016 y 2019. Ambas fueron cumplidas. Bravo reportó que cumplió 4 años de pena suspendida por el delito de Entorpecimiento al funcionario de servicio público.

Mauro Hancco, inscrito por Perú Libre, señaló en su hoja de vida que no recuerda el tiempo de pena al que fue condenado por el delito de Disturbios en el 2017, pero si reportó que cumplió el plazo.

En Alianza Para el Progreso, Elvis Loayza reportó que cumplió una sentencia por Lesiones leves por Violencia familiar. En Avanza País, Noelía Lozano fue condenada por el delito de Ejercicio ilegal de la profesión por el Juzgado Unipersonal de Chivay.

En Juntos por el Perú, están Bertin Calcina y Emilio Llerena. El primero precisó que cumplió 12 años de pena efectiva tras ser sentenciado como Coautor en rebelión. Mientras que Llerena fue juzgado por el delito de Peculado – apropiación ilícita. En el Partido Frente de la Esperanza 2021, Hernán Ignacio Gutiérrez fue penalizado por Apropiación ilícita común y Antonio Cayo por Peligro común.

Uno de los casos llamativos es el de Miguel Guzmán, actual integrante del CRA representando a La Unión, que fue implicado en el caso Los hijos del cóndor y ahora postula por Arequipa, Tradición y Futuro. Según su hoja de vida presentada ante el JNE, fue demandado por el Alimentos, pero el Juzgado dejó sin efecto la pensión del 20% del total de haberes.

Es preciso recordar que, el Consejo Regional estuvo bajo la lupa nacional el año pasado cuando la Fiscalía desbarató la presunta organización criminal Los hijos del cóndor, caso que continúa en investigación. Entre los supuestos integrantes, figuraban consejeros regionales acusados de recibir dádivas para blindar la gestión del gobernador encarcelado Elmer Cáceres Llica.