Por: Carlos Paz

El despliegue de más de 3 mil policías es una señal de previsión, pero también un recordatorio de que la seguridad es una tarea compartida. Autoridades, instituciones y ciudadanos deben asumir su rol con compromiso y madurez. Solo así será posible garantizar que el 12 de abril no solo sea una jornada electoral, sino una demostración de civismo y respeto por la voluntad popular.

Arequipa se prepara para un despliegue logístico y humano sin precedentes recientes. Más de 3 mil efectivos policiales serán movilizados en toda la región con el objetivo de resguardar el proceso de votación del 12 de abril, en el que más de 1.2 millones de ciudadanos están llamados a ejercer su derecho al sufragio. La magnitud del operativo refleja no solo la complejidad de estos comicios, sino también la necesidad de preservar un principio fundamental de toda democracia: la confianza en sus instituciones.

La presencia policial, reforzada respecto a procesos anteriores, responde a un contexto en el que la seguridad y el orden público se han convertido en condiciones indispensables para garantizar elecciones transparentes. Más de 500 locales de votación y 4 215 mesas distribuidas en las ocho provincias representan un reto operativo considerable. La coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estas últimas encargadas de la seguridad interna de los recintos, es clave para evitar incidentes y asegurar que la jornada transcurra con normalidad.

Sin embargo, el desafío no recae únicamente en las fuerzas del orden. La ciudadanía también tiene un rol protagónico en la construcción de un proceso electoral pacífico. Respetar las normas, acatar las disposiciones como la ley seca y evitar cualquier conducta que altere el orden son actos que contribuyen directamente a la legitimidad del proceso. No se trata solo de votar, sino de hacerlo en un entorno de respeto y responsabilidad colectiva.

En este escenario, es fundamental recordar que la labor policial no se limita a custodiar ánforas o vigilar locales. Su función es también prevenir delitos electorales, disuadir actos de violencia y garantizar que cada ciudadano pueda acudir a votar sin temor. La experiencia de procesos anteriores ha demostrado que los momentos más sensibles suelen concentrarse en el traslado del material electoral y en las horas de mayor afluencia, por lo que la vigilancia debe ser constante y estratégica.

Pero más allá de la logística, el verdadero reto es sostener la confianza pública. En un país donde la política atraviesa una crisis de credibilidad, cada elección representa una oportunidad para reafirmar el valor de la democracia. La neutralidad de las fuerzas del orden, la transparencia de los organismos electorales y la conducta cívica de la población son pilares que no pueden fallar.

Arequipa, históricamente protagonista de momentos clave en la vida política nacional, tiene hoy la responsabilidad de dar ejemplo. La participación masiva, informada y ordenada será el mejor mensaje frente a la desconfianza y el desencanto que marcan el escenario político actual. No basta con exigir cambios; es necesario actuar con responsabilidad en el momento más importante del proceso democrático.