JAVIER FERNÁNDEZ DÁVILA, PRESIDENTE DEL JEE

Por primera vez en una elección general del Perú se aplicará el recuento de votos, un mecanismo excepcional que permitirá volver a contar las cédulas de una mesa cuando el acta observada no pueda corregirse con el simple cotejo documental. La medida busca evitar la nulidad de votos válidamente emitidos.

Por primera vez a escala nacional, el sistema electoral peruano podrá realizar recuento de votos en las Elecciones Generales 2026. Se trata de un procedimiento excepcional a cargo de los Jurados Electorales Especiales, que consiste en volver a contar las cédulas de una mesa determinada cuando un acta observada presenta errores materiales que impiden registrar correctamente el resultado.

El presidente del Jurado Especial Electoral Arequipa, Javier Fernández Dávil dijo que el nuevo mecanismo no nace como una revisión general de la votación, sino como una salida puntual frente a fallas concretas. La ONPE precisó que esta posibilidad fue incorporada tras las leyes N.° 32243 y N.° 32299, que ordenaron conservar las cédulas escrutadas y regularon cuándo y cómo pueden ser recontadas.

En términos simples, el recuento se aplica cuando el Jurado Electoral Especial advierte que una observación no puede ser subsanada con su ejemplar del acta. También procede si no existe ninguno de los ejemplares del acta en poder de la ODPE, el JEE, la ONPE y el JNE, supuesto que debe ser informado formalmente por la ODPE.

La norma detalla varios escenarios posibles: actas sin firmas suficientes, con datos incompletos, con información ilegible o con errores aritméticos. También puede abrirse esta vía cuando no se consigna el total de ciudadanos que votaron, o cuando las cifras registradas superan los límites permitidos para esa mesa.

No cualquier mesa entra a este procedimiento. El reglamento es claro en señalar que no procede recuento en actas que no hayan sido observadas por la ODPE. Es decir, no se trata de volver a contar votos por pedido político o por mera sospecha, sino solo ante observaciones técnicas previstas por la ley.

Cuando el recuento es necesario, la ODPE debe remitir al JEE el sobre lacrado con las cédulas de sufragio, respetando la cadena de custodia. Luego se convoca a una audiencia pública dentro de los dos días calendario siguientes a la recepción del sobre, y entre la convocatoria y la diligencia deben mediar por lo menos tres días calendario.

La audiencia será pública, única e ininterrumpida. En ella participan los tres miembros del Jurado Electoral Especial y su secretario; además, pueden asistir los personeros de las organizaciones políticas y un representante del Ministerio Público. El procedimiento también debe ser difundido en tiempo real para garantizar transparencia.

Durante el acto, el presidente del JEE abre el sobre lacrado, cuenta las cédulas, las muestra una por una y lee en voz alta su contenido. Después, los otros dos miembros del colegiado también verifican cada voto, mientras los personeros presentes pueden examinar las cédulas, aunque sin impugnarlas ni cuestionar la identidad del elector.

Al finalizar, el jurado levanta un acta de recuento con los votos obtenidos por cada organización política, además de los votos nulos y en blanco, y emite una resolución que oficializa el resultado. La normativa establece que ni la decisión de realizar el recuento ni el resultado de ese procedimiento pueden ser impugnados, con el propósito de dar certeza jurídica al cierre del caso.

El sentido de esta reforma es preservar el voto ciudadano. Antes, cuando un acta no podía salvarse, el desenlace podía ser la nulidad de la votación de toda una mesa; ahora, la ley abre una vía posterior para rescatar esos sufragios mediante un nuevo conteo formal y público, en lugar de descartarlos por un error material en el llenado del acta.

En paralelo, el proceso electoral tendrá un fuerte componente de fiscalización en campo. El JNE informó que desplegará cerca de 50 mil fiscalizadores en todo el país para verificar la legalidad del sufragio, la instalación de mesas y el respeto a las restricciones electorales; en Arequipa, Javier Fernández Dávila indicó que se han desplegado 925 fiscalizadores, con una cobertura aproximada de dos mesas por cada uno, además de operativos vinculados al retiro de propaganda cercana a los locales de votación y al control de la ley seca.