Por Jorge Turpo R.

Empresas advierten que el pasaje de S/ 1.30 ya no es sostenible y no descartan nuevos incrementos o la reducción de unidades. Sin medidas del Gobierno para estabilizar el combustible, el impacto recaerá en transportistas y usuarios.

POR CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

El transporte público en Arequipa vuelve a quedar atrapado en una ecuación que no controla. El alza internacional del petróleo ha comenzado a sentirse en los grifos y amenaza con trasladarse, una vez más, al bolsillo de los usuarios.

Los gerentes de empresas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) advierten que la situación se acerca a un punto crítico: con el pasaje fijado en S/ 1.30 y el galón de diésel fluctuando entre S/ 23 y S/ 26, la rentabilidad del servicio se reduce cada día.

El problema no es local. El precio del crudo ha escalado hasta los 108 dólares por barril esta semana, impulsado por la creciente tensión en Medio Oriente, especialmente entre Estados Unidos e Irán.

A esto se suma el riesgo latente sobre el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción o bloqueo en esa zona genera un efecto inmediato en los mercados globales: menos oferta, mayor incertidumbre y precios al alza.

Ese impacto llega, inevitablemente, a ciudades como Arequipa. Aquí, el combustible es uno de los principales costos operativos del transporte público. Cuando sube, todo el sistema tambalea.

Los transportistas no esconden su preocupación. Señalan que, de continuar la tendencia, el pasaje urbano tendría que incrementarse nuevamente. Incluso plantean un escenario más drástico: si el galón de diésel alcanza los S/ 30 en los próximos días, varias unidades dejarían de operar. No por decisión política, sino por simple supervivencia económica.

“Con estos costos ya no es sostenible”, indica Patrick Quilca, gerente de TransCayma.

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, el regidor y presidente de la comisión de Transportes, José Suárez, reconoce que el escenario es complejo, aunque aún no ha sido evaluado en su peor proyección.

Por ahora, el esfuerzo institucional está centrado en regularizar el reciente incremento del pasaje de S/ 1.00 a S/ 1.30, una medida que generó tensiones entre usuarios y empresas.

El proceso de formalización, sin embargo, no es inmediato. Depende de un trámite ante el Ministerio de Economía que podría extenderse hasta seis meses, debido a que el servicio está sujeto a contratos vigentes entre la municipalidad y las empresas operadoras.

Suárez admite que, si el precio del diésel sigue subiendo, el sistema podría entrar en una zona de insostenibilidad. Aun así, insiste en que cualquier decisión debe tomarse en su momento y con sustento técnico.

Mientras tanto, en las calles ocurre otra realidad. El transporte informal ya ha ajustado sus tarifas sin regulación alguna. Vehículos conocidos como “loncheritas” o combis pequeñas cobran entre S/ 2 y S/ 4, dependiendo de la hora y la demanda. Operan sin las restricciones del sistema formal y, en este contexto, se convierten en los principales beneficiados.

Para los transportistas formales, la competencia es desigual. Ellos están sujetos a tarifas reguladas, rutas establecidas y obligaciones contractuales. Los informales, en cambio, tienen libertad para fijar precios y adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado.

El resultado es un sistema fragmentado, donde el usuario paga más, pero no necesariamente recibe un mejor servicio.

La posibilidad de un “tránsito libre”, es decir, la liberalización total de tarifas, aparece como una alternativa lejana pero no descartada. En un escenario extremo, podría aplicarse si la crisis se agudiza.

Sin embargo, sus consecuencias serían inmediatas: pasajes por encima de los S/ 2 como tarifa base y un impacto directo en la economía familiar.

En una ciudad donde miles de personas dependen diariamente del transporte público, cualquier incremento golpea con fuerza. No se trata solo de movilidad, sino de acceso al trabajo, la educación y los servicios básicos.

Frente a este panorama, los transportistas plantean una salida que traslada la presión al Gobierno central: la reactivación del Fondo de Estabilización de los Combustibles. Este mecanismo permitiría amortiguar las variaciones del precio internacional y evitar incrementos bruscos en el mercado interno.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha dado señales de retomar esa política. En ese vacío, el costo lo siguen asumiendo los mismos de siempre: empresarios que operan al límite y usuarios que ajustan su presupuesto.

El conflicto en Medio Oriente puede parecer lejano, pero sus efectos se sienten en cada viaje urbano. En Arequipa, la distancia entre un barril de petróleo y un pasaje de combi es más corta de lo que parece. Por ahora, esa distancia sigue encareciéndose.