La decana del Colegio Médico de Arequipa, Miriam Aliaga, anunció indagaciones para evaluar un proceso ético-administrativo contra los profesionales vinculados al caso de Gustavo Cruz Fernández, menor de siete años que falleció tras una presunta negligencia médica en una clínica particular de Cayma.

El Colegio Médico de Arequipa iniciará indagaciones preliminares contra el médico traumatólogo Alex Limachi Centeno y el anestesiólogo Jaime Delgado Zegarra presuntos responsables por la muerte de Gustavo Cruz Fernández, el niño de siete años que falleció luego de ser llevado a una clínica particular de Cayma para una intervención por una fractura en la muñeca. La decana Miriam Aliaga informó que la orden profesional solicitará documentación a las autoridades competentes para iniciar un proceso ético-administrativo.

Aliaga expresó su solidaridad con la familia del menor y remarcó que el caso debe ser investigado con rigor antes de establecer responsabilidades. Sin embargo, precisó que el Colegio Médico puede actuar de oficio tras tomar conocimiento público de los hechos, recabar información de la Policía, Fiscalía, establecimientos de salud y partes involucradas, y evaluar si la conducta de los profesionales vulneró el Código de Ética y Deontología Médica.

El caso involucra a dos médicos vinculados al procedimiento, entre ellos un especialista en traumatología y un anestesiólogo, según la información preliminar. Ambos se encuentran bajo investigación, mientras la familia sostiene que el menor fue atendido inicialmente en el Hospital Goyeneche y luego habría sido conducido a una clínica privada, donde debía ser intervenido esa misma noche por una lesión que, en apariencia, no comprometía su vida.

Uno de los puntos más delicados es el presunto direccionamiento de un paciente desde un hospital público hacia una atención particular. Consultada sobre esta práctica en términos generales, la decana fue enfática al señalar que no es correcto ni ético que un médico derive a un paciente del sistema público hacia un centro privado propio o vinculado, más aún cuando se trata de una familia que acudió a un hospital en busca de atención de emergencia.

La representante del Colegio Médico también advirtió que todo acto quirúrgico implica riesgos, pero debe realizarse bajo protocolos, evaluación previa y en establecimientos con autorización, infraestructura, equipamiento y capacidad resolutiva suficiente. En ese sentido, recordó que los pacientes y sus familiares tienen derecho a exigir que una clínica o centro médico acredite públicamente que cuenta con las condiciones necesarias para atender una intervención y sus posibles complicaciones.

La investigación ética avanzará en paralelo a las diligencias fiscales, policiales y forenses. De acuerdo con Aliaga, este tipo de procedimientos puede tomar alrededor de tres meses, debido a la recopilación de informes, declaraciones y documentos. Si se comprueba una falta ética, las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta suspensiones temporales o definitivas, según la gravedad de los hechos acreditados.

La muerte de Gustavo Cruz Fernández no solo enluta a una familia; también vuelve a poner bajo observación las grietas del sistema de salud, la demora en hospitales públicos, la derivación hacia servicios privados y la confianza que los padres depositan en un médico cuando buscan salvar a su hijo del dolor. La investigación deberá responder con transparencia cómo una fractura terminó en una tragedia, porque ningún niño debería salir sin vida de una atención que empezó como una emergencia menor.