Por: Carlos Meneses

En ese sentido, la verdadera prioridad del Gabinete no debería limitarse a cumplir una agenda técnica, sino a responder con eficacia a la principal demanda del país: recuperar la seguridad. Solo así será posible sostener la estabilidad económica y garantizar una transición democrática con legitimidad. El desafío está planteado y el margen de error es cada vez menor.

El reciente voto de confianza otorgado por el Congreso al Gabinete Ministerial presidido por Luis Arroyo Sánchez no solo marca el inicio formal de una nueva etapa en la gestión del Ejecutivo, sino que también abre un espacio necesario para la reflexión: ¿cuál debe ser, en la práctica, la prioridad del Gobierno en el actual contexto nacional?

Si bien la exposición del jefe del Gabinete cumplió con lo establecido en la Constitución y delineó tres ejes claros —seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática—, lo cierto es que no todos estos objetivos tienen el mismo nivel de urgencia para la ciudadanía. Hoy, más que nunca, el país enfrenta una crisis de seguridad que ha dejado de ser una preocupación aislada para convertirse en una amenaza cotidiana.

La expansión del crimen organizado, el avance de la extorsión y el aumento del sicariato han deteriorado gravemente la calidad de vida en diversas regiones. En este escenario, la seguridad ciudadana no puede ser solo uno de los pilares del Gobierno: debe ser el eje central que articule todas las decisiones políticas y operativas del Gabinete. Sin condiciones mínimas de orden y tranquilidad, cualquier esfuerzo en materia económica o institucional pierde eficacia.

Sin embargo, priorizar la seguridad no implica descuidar los otros frentes. La estabilidad económica sigue siendo un factor clave para evitar que el descontento social se profundice. La inversión, el empleo y el control de la inflación son elementos que inciden directamente en la percepción de bienestar de la población. Un país inseguro y, además, económicamente estancado, corre el riesgo de entrar en un círculo de crisis difícil de revertir.

Por otro lado, el compromiso con una transición democrática ordenada resulta fundamental en un contexto político marcado por la desconfianza. No obstante, este proceso debe ir más allá de un simple cumplimiento formal del calendario político. Requiere señales claras de respeto institucional, diálogo genuino entre poderes del Estado y, sobre todo, resultados que devuelvan credibilidad a la gestión pública.

El respaldo obtenido en el Congreso, con 71 votos a favor, no debe interpretarse como un cheque en blanco. Por el contrario, representa una oportunidad que el Gabinete debe aprovechar con responsabilidad y sentido de urgencia. La ciudadanía no espera discursos, sino acciones concretas que se traduzcan en cambios visibles en su vida diaria.