El Poder Judicial evaluará hoy jueves 30 de abril el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades durante las elecciones generales.

El requerimiento fue presentado por el Ministerio Público, que lo investiga por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales. La audiencia está programada para las 11:00 a.m., donde la Fiscalía sustentará la necesidad de esta medida para asegurar la permanencia del investigado en el país mientras avanzan las diligencias.

Según el documento fiscal, existiría riesgo de fuga, debido a que durante un allanamiento a su vivienda, realizado el pasado 24 de abril en el distrito de Miraflores, se encontraron documentos de viaje. Aunque Corvetto entregó sus pasaportes peruano e italiano, las autoridades sostienen que existiría otro documento vigente que podría facilitar su salida del territorio nacional.

La solicitud también alcanza a otros implicados, entre ellos José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, así como funcionarios y representantes de empresas vinculadas al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de este servicio, específicamente en la evaluación técnica de las propuestas presentadas por las empresas participantes. De acuerdo con la Fiscalía, el comité evaluador habría aplicado criterios no previstos claramente en las bases del proceso, lo que habría favorecido a una empresa en particular.

En ese sentido, se cuestiona la forma en que se calculó la capacidad de carga de los vehículos utilizados para el traslado del material electoral, lo que habría influido en la puntuación final de las propuestas. El contrato observado fue suscrito en marzo de 2026 por un monto superior a los seis millones de soles.

El Poder Judicial deberá determinar si existen elementos suficientes para imponer la medida restrictiva solicitada, en un caso que ha generado atención por su relación con la organización de los comicios y la transparencia en el uso de recursos públicos.