El Ministerio Público informó que el miércoles se llevó a cabo una diligencia en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de recabar documentación relacionada con la contratación de proveedores de servicios durante las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril.

Según lo comunicado a través de sus canales oficiales, la intervención está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho), en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Esta acción busca obtener información detallada sobre nuevos contratos suscritos entre la ONPE y diversas empresas proveedoras que participaron en la organización del proceso electoral.

La diligencia de exhibición de documentos se desarrolla con el apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, quienes acompañan las acciones fiscales para garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones. Este procedimiento forma parte de una serie de acciones orientadas a esclarecer posibles irregularidades en la contratación de servicios vinculados al proceso electoral.

La investigación está dirigida contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra José Samamé y otros implicados, quienes son evaluados por su presunta participación en actos de colusión agravada. El caso ha generado atención pública debido a la relevancia del organismo electoral y su papel en la organización de los comicios.

El fiscal Reynaldo Abia, encargado de las diligencias, declaró a la prensa que durante la intervención se sostuvo una reunión con el jefe encargado de la ONPE, Bernardo Pachas, quien habría mostrado disposición para colaborar con la investigación. Según indicó, las autoridades de la institución han brindado facilidades para la recopilación de la documentación requerida.

“El único interés es llegar a la verdad”, señaló el representante del Ministerio Público, destacando la importancia de contar con toda la información necesaria para esclarecer los hechos materia de investigación.

Este tipo de diligencias forma parte de los mecanismos de control que buscan garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, especialmente en procesos de alta relevancia como las elecciones generales. Asimismo, permite reforzar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la correcta administración pública.

La intervención fiscal continuará en los próximos días conforme avance la recopilación y análisis de la información obtenida, en un proceso que podría determinar responsabilidades y eventuales sanciones en caso se comprueben irregularidades.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar posibles actos de corrupción y asegurar que los procesos electorales se desarrollen bajo principios de transparencia, legalidad y equidad.