Por Jorge Turpo R.

El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, participa en este proceso como comisario apostólico adjunto, colaborando en la recopilación de información y en la entrega de documentos clave, como el inventario de bienes del Sodalicio.

PARA EL PAGO DE REPARACIONES

El Vaticano ha dado un paso decisivo en el caso del Sodalicio. Comenzó a escuchar directamente a las víctimas de abusos con el objetivo de avanzar en un proceso de reparación económica. La medida marca el inicio de una nueva etapa en uno de los episodios más graves que ha enfrentado la Iglesia en el Perú en las últimas décadas.

El proceso también involucra a la Iglesia local. El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, ha participado como comisario apostólico adjunto, colaborando en la recopilación de información y en la entrega de documentos clave, como el inventario de bienes del Sodalicio.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado firmado por Jordi Bertomeu Farnós, quien actualmente está a cargo del proceso de liquidación de las instituciones vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

El documento establece la creación de un “canal de primera escucha” que empezó a escuchar a las víctimas el 4 de mayo de 2026 en la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima.

Las personas que se consideren víctimas están presentando sus testimonios y solicitando formalmente una indemnización o compensación por los daños sufridos.

Se trata de una disposición concreta que busca ordenar y cerrar una etapa: las víctimas deberán presentar sus denuncias dentro de ese plazo, ya sea mediante una reunión personal con el comisario apostólico o a través de un correo electrónico habilitado para este fin.

El comunicado es claro en este punto: una vez vencido el plazo, no se admitirán nuevas solicitudes.
El proceso está dirigido a víctimas de distintos tipos de abusos. No solo se consideran los casos de violencia física o sexual, sino también abusos espirituales, de conciencia, de autoridad e incluso irregularidades de carácter económico.

Es una amplitud que refleja la complejidad de las denuncias acumuladas durante años dentro de la denominada “familia espiritual sodálite”.

Cada denuncia deberá estar sustentada con información detallada como datos de la presunta víctima, identificación del agresor, descripción de los hechos, fechas, lugares, posibles testigos y documentación que respalde el caso. Además, se deberá consignar si la persona ha recibido previamente algún tipo de compensación.

El comunicado también precisa que, tras la recepción de las denuncias, se abrirá un periodo de evaluación que podría extenderse por al menos tres meses. Luego de ese análisis, se comunicará a cada solicitante el resultado de su caso y las decisiones adoptadas respecto a una eventual reparación.

Este proceso se enmarca en un mandato más amplio del Vaticano. Desde enero de 2025, el comisario apostólico recibió el encargo de asumir la representación legal de las instituciones suprimidas, investigar los abusos atribuidos al fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, y establecer mecanismos de reparación para las víctimas, tomando en cuenta los bienes y recursos de dichas organizaciones.

El caso ha tenido un desarrollo progresivo en los últimos años. En 2024, el Vaticano dispuso la expulsión de Figari y de otros miembros tras la evaluación de las pruebas en su contra. Posteriormente, en enero de 2025, el papa Francisco decretó la supresión de las cuatro instituciones fundadas por él, al determinar que carecían de un carisma de origen divino.

La implementación de este canal de escucha representa, en ese contexto, un intento por pasar de las sanciones institucionales a la reparación individual. No se trata solo de reconocer responsabilidades, sino de atender directamente a quienes fueron afectados.

El documento también deja entrever la tensión que ha rodeado el proceso. Se advierte sobre intentos de interferencia, tanto mediáticos como judiciales, que habrían buscado obstaculizar las investigaciones. En ese sentido, el comisario exhorta a evitar cualquier acción que entorpezca el objetivo central que es ofrecer una reparación justa a las víctimas.

Otro aspecto relevante es el reconocimiento explícito a las víctimas. El Vaticano reitera su solidaridad y subraya que toda forma de abuso constituye una grave vulneración de la dignidad humana. En esa línea, se reafirma el compromiso de avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación.

El anuncio del Vaticano abre así una etapa decisiva. Por primera vez, se establece un mecanismo concreto, con plazos definidos, para escuchar a las víctimas y evaluar compensaciones económicas. Es un paso necesario, aunque tardío, en un caso que ha dejado profundas heridas.

El desafío ahora será doble: garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas en condiciones adecuadas y asegurar que las decisiones que se adopten no queden solo en el papel. Porque en procesos como este, la credibilidad no se construye con comunicados, sino con reparaciones efectivas.

En el caso de Arequipa, el Sodalicio tuvo su bastión económico en la Universidad Católica San Pablo, el Instituto del Sur y hasta dos cementerios privados.

El arzobispo de Arequipa es el encargado de determinar de dónde saldrán los recursos para el pago de las reparaciones a las víctimas.