El periodista colombiano Mateo Pérez, de 25 años, fue asesinado en una conflictiva región minera del noroeste de Colombia mientras realizaba un reportaje sobre la violencia armada, a pocas semanas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. El crimen ha generado conmoción en el país y reavivó las alertas sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas dominadas por grupos ilegales.

El reportero había desaparecido el martes en una zona rural del departamento de Antioquia, donde operan disidencias de las extintas FARC y organizaciones narcotraficantes vinculadas a la minería ilegal de oro. El presidente Gustavo Petro responsabilizó del asesinato a un cabecilla guerrillero identificado como Jhon Edison Chalá Torrejano, quien —según indicó— lidera una banda dedicada al control de la explotación ilegal aurífera.

Mateo Pérez dirigía el medio digital El Confidente de Yarumal y era reconocido por sus investigaciones sobre crimen organizado, corrupción, política y conflictos armados. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que el joven periodista era “una voz fundamental para la comunidad local” y recordó que había enfrentado presiones y amenazas por sus investigaciones sobre economías ilícitas.

La región donde ocurrió el crimen es escenario de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y grupos disidentes de las FARC, que mantienen disputas por el control territorial y las rentas ilegales derivadas del narcotráfico y la minería clandestina.

La muerte de Pérez ocurre en medio de una creciente crisis de seguridad en Colombia, marcada por atentados, masacres y ataques armados. Según la FLIP, al menos 170 periodistas han sido asesinados en el país desde 1977, en un contexto de constantes amenazas contra la prensa independiente.