Por Carlos Meneses

Arequipa no puede acostumbrarse a convivir con esta realidad. Cada caso no atendido a tiempo representa una infancia marcada por el temor y la desprotección. Las autoridades educativas y judiciales tienen la obligación de actuar con firmeza antes de que las aulas terminen convertidas en espacios donde el miedo pese más que el aprendizaje.

La escuela debería ser el lugar donde niños y adolescentes encuentren protección, formación y confianza. Sin embargo, las cifras registradas en Arequipa revelan una realidad alarmante: 191 reportes de violencia escolar en lo que va del 2026 y, lo más grave, más del 37% de los casos involucran directamente a personal educativo. El dato no solo preocupa; obliga a una reacción inmediata de las autoridades competentes.

Cuando los propios adultos encargados de educar aparecen vinculados a agresiones físicas, psicológicas o incluso sexuales, el problema deja de ser únicamente disciplinario y se convierte en una crisis de confianza institucional. Los colegios dejan de ser espacios seguros cuando fallan los protocolos básicos de protección. No se trata de hechos aislados ni de simples conflictos escolares. Estamos frente a una problemática estructural que compromete la integridad emocional y física de cientos de estudiantes.

La violencia psicológica encabeza las estadísticas regionales con 87 reportes. Detrás de cada caso existen insultos, humillaciones, amenazas o maltratos que muchas veces son minimizados bajo el argumento de “corregir conductas”. Pero la violencia verbal también deja secuelas profundas. Un estudiante que siente miedo o humillación dentro del aula difícilmente podrá desarrollarse plenamente.

Más preocupante aún resulta el registro de 32 casos de violencia sexual. Ninguna cifra puede ser considerada menor cuando se trata de agresiones de esta naturaleza contra escolares. Allí no caben excusas administrativas ni lentitud burocrática. Las investigaciones deben ser rápidas, transparentes y firmes. El silencio institucional solo termina protegiendo a los agresores y revictimizando a los menores.

Los recientes antecedentes en colegios privados de Arequipa demuestran que todavía existen instituciones que priorizan cuidar su imagen antes que actuar de inmediato frente a las denuncias. Las sanciones impuestas por Indecopi al Nuestra Señora del Pilar, Lord Byron School y Max Uhle evidencian graves omisiones en la aplicación de protocolos y atención a las víctimas. Resulta inaceptable que algunos colegios reaccionen únicamente cuando intervienen organismos fiscalizadores o cuando los casos se vuelven públicos.

Aquí también surge una responsabilidad directa del Estado. La Gerencia Regional de Educación, las UGEL, el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Educación deben actuar de manera articulada y permanente. No basta con abrir procedimientos administrativos. Se requiere supervisión constante, capacitación obligatoria a docentes, atención psicológica especializada y mecanismos de denuncia realmente efectivos y accesibles para estudiantes y padres de familia.

El incremento abrupto de reportes durante abril demuestra que la violencia escolar está lejos de ser controlada. Y aunque las cifras actuales sean menores a las de años anteriores, eso no significa que el problema haya disminuido. Muchas víctimas todavía callan por miedo, vergüenza o desconfianza.