La crisis política y social en Bolivia continúa profundizándose tras dos semanas de protestas y bloqueos que ya alcanzan 47 puntos de interrupción en seis de los nueve departamentos del país. Las movilizaciones, que inicialmente respondían a reclamos sectoriales, evolucionaron rápidamente hasta convertirse en una exigencia directa de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

CRISIS POLÍTICA

Los bloqueos se concentran principalmente en las regiones de La Paz y Oruro, aunque en los últimos días también se reportaron nuevas protestas en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. La expansión territorial de las manifestaciones ha comenzado a afectar seriamente el abastecimiento de productos básicos y el normal funcionamiento de las actividades económicas y educativas.

Entre las principales demandas de los manifestantes figuran el rechazo al incremento del costo de vida, críticas por la calidad del combustible, pedidos de mejoras salariales y cuestionamientos a una ley relacionada con la categorización de tierras agrarias. No obstante, diversos sectores sociales y sindicales también expresan su malestar por sentirse excluidos de las decisiones políticas y económicas del Gobierno.

El pasado lunes se vivió uno de los episodios más violentos desde el inicio del conflicto. En la ciudad de La Paz confluyeron varias marchas que derivaron en enfrentamientos con la Policía boliviana. Medios locales informaron sobre ataques a oficinas públicas, daños a una estación del sistema de teleférico y la quema de un vehículo policial. Además, se reportó el uso de explosivos artesanales y agresiones a personas ajenas a las protestas.

El Gobierno aseguró que mantendrá una línea firme frente a los hechos violentos. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, sostuvo que el Ejecutivo diferencia las protestas pacíficas de los actos vandálicos y advirtió que no se permitirá alterar el orden público.

La situación afecta especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, que permanecen parcialmente cercadas por los bloqueos. La interrupción de carreteras provocó desabastecimiento de alimentos como carne y pollo, además de restricciones en el transporte público y dificultades para el traslado de combustible y medicamentos. Algunos colegios optaron por retornar temporalmente a clases virtuales debido a la tensión social.

Ante este panorama, la Policía anunció la implementación de un “corredor humanitario” destinado a facilitar el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles hacia la sede de Gobierno.

Desde el oficialismo también se responsabilizó al expresidente Evo Morales y a sectores afines de impulsar las movilizaciones con fines desestabilizadores. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que existe un intento de “romper el orden constitucional” y vinculó las protestas con grupos financiados por el narcotráfico.

Morales rechazó estas acusaciones y aseguró que las manifestaciones reflejan el cansancio de la población frente a la crisis económica y las políticas gubernamentales.

La crisis boliviana ya genera preocupación internacional. Ocho países latinoamericanos, entre ellos Perú, emitieron un pronunciamiento conjunto en defensa de la institucionalidad democrática en Bolivia. Asimismo, organismos internacionales y líderes políticos solicitaron diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto social.