A dos semanas de haber asumido el cargo, la gestión de la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, enfrenta uno de los problemas más críticos y crónicos de la ciudad; el desborde del comercio ambulatorio.

A pesar de la expectativa por un cambio de rumbo, las principales arterias del Cercado siguen tomadas por la informalidad, evidenciando que la crisis del orden público requiere más que un cambio de autoridades.

La ocupación de espacios públicos se mantiene crítica en puntos neurálgicos como las calles Mercaderes, San Camilo, San Juan de Dios, Peral, Tristán, Siglo XX y los alrededores de los mercados principales. Los transeúntes denuncian que la libre circulación es casi imposible en horas punta, mientras que el ornato de la ciudad se ve seriamente degradado por la acumulación de residuos.

Este fenómeno no es solo una cuestión de estética urbana; el caos vehicular generado por la invasión de calzadas impide el flujo normal del transporte público y privado. Además, la congestión extrema en estas zonas representa un riesgo latente, ya que obstruye el paso de vehículos de emergencia como ambulancias y bomberos ante cualquier eventualidad.

La inseguridad y la falta de salubridad son otras facetas preocupantes de esta problemática. Los focos de insalubridad en la venta de productos perecibles se mezclan con el reporte de constantes enfrentamientos violentos. Las intervenciones del serenazgo y los fiscalizadores suelen terminar en grescas, exacerbando la tensión social en el centro de la ciudad.

En el Centro Histórico, zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, las restricciones son severas. Según la Ordenanza N° 1363-2025, la venta ambulatoria está estrictamente prohibida, con fuertes multas. Sin embargo, la norma parece insuficiente frente a la presión de cientos de vendedores que desafían las sanciones a diario.

Los comerciantes formales han alzado su voz de protesta denunciando una competencia desleal. Argumentan que mientras ellos cumplen con el pago de tributos, alquileres y normativas sanitarias, los informales ofrecen precios más bajos al no tener cargas impositivas. Esta desigualdad está desestabilizando la economía de los negocios locales establecidos.

Pese a que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ejecutó operativos de decomiso y sanción este año los resultados han sido efímeros. La persistencia del comercio informal se debe, en gran medida, a la necesidad económica apremiante de los vendedores, quienes regresan a las calles pocas horas después de ser desalojados.

Las causas estructurales detrás de este desorden son profundas; la pobreza, la migración interna y la falta de empleo formal empujan a miles de ciudadanos a buscar el sustento diario en la vía pública. Para muchos, la calle es la única opción de supervivencia en un mercado laboral que no logra absorber la demanda existente.

La estrategia municipal actual se ha centrado en intensificar la fiscalización, pero expertos en gestión pública advierten que el control por sí solo no funcionará. La falta de alternativas viables de reubicación o mercados zonales adecuados condena a la gestión a un ciclo interminable de intervenciones y retornos de los comerciantes.

El desafío para Ruccy Oscco es diseñar un plan integral que combine el principio de autoridad con soluciones sociales. La ciudadanía arequipeña espera que, tras los primeros cien días de gestión, se presenten proyectos concretos de formalización que permitan recuperar el orden sin ignorar la realidad económica de los sectores más vulnerables.