Alrededor de 3 mil 335 hectáreas ubicadas en el entorno de la represa de Condoroma fueron inscritas a nombre del Proyecto Especial Integral Majes-Siguas (PEIMS) – Autodema. Desde la Asociación de Afectados por la Represa de Condoroma (Asarcon) advirtieron que esta situación mantiene en incertidumbre a 30 familias dedicadas a la actividad ganadera, ante el riesgo de perder los terrenos que actualmente utilizan. Aunque la Ordenanza Regional N.° 441 contempla mecanismos para su reubicación, su reglamentación continúa pendiente.

Al respecto, José Cahuana González, presidente de Asarcon, cuestionó que la inscripción de las hectáreas se realizara sin un proceso previo de diálogo con los propietarios. “Prácticamente ha habido una expropiación sin comunicar a los afectados. Muchos de mis vecinos desconocen esta realidad. Siguen pastando a sus animales en esos terrenos, pero legalmente figuran como propiedad de Autodema. Si en algún momento deciden desalojarnos, podrían hacerlo fácilmente y no tendríamos adónde ir”, manifestó.

Según la asociación, cerca de 30 familias, equivalentes a unas 100 personas, dependen de estas áreas para la crianza de alpacas y llamas, principal actividad económica de la zona. Los terrenos se ubican a más de 4 200 metros sobre el nivel del mar y constituyen la principal fuente de sustento de la población. Sin embargo, desde 2010 sus territorios pertenecen a Autodema. En consecuencia, para los afectados la falta de avances responde a la escasa voluntad política de las autoridades regionales para atender sus demandas.

El problema se suma a otro reclamo pendiente. En 2021, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó la Ordenanza Regional N.° 441, que dispuso la reserva de más de 3 mil hectáreas en Pampa Grande para beneficiar a pobladores de Caylloma. Sin embargo, la norma sigue sin reglamentación, lo que impide su aplicación. Ayer se realizó una reunión para abordar este tema, pero la ausencia de especialistas obligó a postergar el debate hasta una próxima fecha.

Cahuana González sostuvo que los afectados por la represa deberían ser considerados prioritariamente en cualquier proceso de adjudicación de terrenos. Recordó además que llevan cinco años esperando la reglamentación de la ordenanza regional. “No estamos pidiendo que nos regalen nada. Lo que buscamos es una alternativa para seguir desarrollando una actividad productiva después de haber contribuido con terrenos para la represa”, concluyó.