Por Carlos Meneses

Todavía es posible evitar que esta controversia se transforme en un conflicto de mayores proporciones. Para ello se necesita voluntad política, apertura al diálogo y respeto por la legalidad. La paz social nunca debe ser una consecuencia del desgaste; debe ser siempre el punto de partida para construir soluciones duraderas.

Hoy Moquegua iniciará un paro indefinido en rechazo a la ley que modifica los límites territoriales con Tacna en el sector de Quebrada Honda. La medida, anunciada por la gobernadora regional Gilia Gutiérrez y respaldada por diversos actores de la sociedad civil, representa una nueva alerta sobre la fragilidad con la que el Estado peruano viene manejando los conflictos de demarcación territorial. Antes de que la tensión aumente, corresponde hacer un llamado sereno, pero firme, al diálogo y a la responsabilidad de todas las partes.

Los límites territoriales no son un asunto menor. De ellos dependen competencias administrativas, proyectos de inversión, distribución de recursos y, en muchos casos, el futuro económico de las regiones. Precisamente por esa trascendencia, cualquier modificación debe sustentarse en criterios técnicos, legales y transparentes, con la participación de todas las jurisdicciones involucradas. Cuando una región sostiene que no fue escuchada durante el proceso, el Estado tiene la obligación de revisar si efectivamente se respetaron los procedimientos establecidos.

No obstante, tampoco debe perderse de vista un aspecto fundamental: este no es un conflicto entre Moquegua y Tacna. Son dos pueblos vecinos que durante décadas han construido relaciones comerciales, familiares y culturales que trascienden cualquier diferencia política. Convertir una controversia administrativa en una confrontación entre ciudadanos sería un grave error que solo favorecería la división y debilitaría el desarrollo del sur del país.

La gobernadora de Moquegua ha reiterado que su discrepancia no es con la población tacneña, sino con el procedimiento seguido para la aprobación de la norma. Ese mensaje merece ser valorado, porque ayuda a evitar que la legítima defensa de una posición territorial derive en enfrentamientos innecesarios. Del mismo modo, corresponde a los dirigentes sociales y a la ciudadanía actuar con prudencia durante las movilizaciones, ejerciendo el derecho constitucional a la protesta de manera pacífica y respetando los derechos de quienes no participan en ella.

El Gobierno nacional tampoco puede mantenerse distante. La mejor forma de evitar que un conflicto social escale es intervenir oportunamente, generando espacios de diálogo donde prevalezcan los argumentos técnicos antes que las presiones políticas. La institucionalidad se fortalece cuando las diferencias se resuelven mediante el consenso y el respeto al Estado de derecho, no cuando las decisiones terminan trasladándose a las carreteras o a las plazas.

Este episodio también deja una reflexión de fondo sobre la descentralización. Las regiones reclaman, con razón, una mayor participación en las decisiones que afectan directamente su territorio. Gobernar desde Lima sin escuchar a las autoridades locales solo profundiza la sensación de centralismo y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.

Moquegua y Tacna necesitan mirar hacia el futuro. Comparten desafíos comunes en infraestructura, gestión del agua, competitividad, minería y desarrollo económico. Ninguno de esos retos podrá afrontarse desde la confrontación permanente. El sur requiere unidad para fortalecer su voz frente al Gobierno central y aprovechar sus enormes potencialidades.