Inversiones paralizadas afectan crecimiento del empleo. El Perú dispone de una cartera superior a los US$ 52,000 millones en proyectos de infraestructura que podrían dinamizar la economía y generar cerca de dos millones de empleos, pero una serie de trabas burocráticas y deficiencias en la gestión pública mantiene paralizadas o retrasadas muchas de estas iniciativas, advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

BUROCRACIA LO IMPIDE

El presidente del gremio, Carlos Pacheco Romaní, afirmó que el sector privado mantiene el interés por invertir en el país y aseguró que el principal obstáculo no es la falta de financiamiento, sino la excesiva carga administrativa que enfrentan los proyectos desde su etapa de planificación hasta su ejecución.

Según explicó, los más de US$ 52,000 millones corresponden a proyectos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura, inversiones pendientes en concesiones vigentes y el portafolio de ProInversión. Para AFIN, destrabar estas iniciativas permitiría acelerar el crecimiento económico y mejorar la competitividad nacional.

Pacheco sostuvo que uno de los mayores problemas es la fragmentación del Estado. Indicó que existen más de 2,200 unidades ejecutoras, lo que obliga a los inversionistas a tramitar permisos y autorizaciones ante numerosas entidades cuando desarrollan carreteras, puertos, líneas de transmisión o gasoductos.

Esta situación, señaló, genera duplicidad de procedimientos y retrasa el inicio de las obras. Incluso proyectos que ya cuentan con autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueden quedar paralizados porque otras instituciones exigen nuevos estudios o permisos adicionales.

El representante de AFIN también cuestionó la calidad de la planificación pública. Recordó que, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 45 % de las obras públicas ejecutadas entre 2013 y 2022 quedó abandonado, reflejando deficiencias en la formulación y gestión de proyectos.

A ello se suma la ausencia de un catastro nacional integrado y de una adecuada planificación territorial, factores que incrementan los costos y prolongan los plazos de ejecución. Citó además un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual los proyectos de infraestructura en la región pueden registrar sobrecostos de hasta 80 % cuando no existe una preparación adecuada.

Frente a este escenario, AFIN planteó fortalecer el uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) como mecanismo para cerrar las brechas de infraestructura, especialmente en educación, salud, agua y saneamiento.

El gremio recordó que el país mantiene una brecha estimada en S/ 171,000 millones en infraestructura educativa y otra de S/ 138,000 millones en agua y saneamiento, montos que difícilmente podrán ser cubiertos únicamente con recursos públicos.

Asimismo, destacó que las APP permiten no solo construir nuevas obras, sino también garantizar su operación y mantenimiento, evitando el deterioro prematuro de la infraestructura.

De cara al próximo gobierno, AFIN pidió mejorar la coordinación entre las entidades del Estado, agilizar la ejecución de corredores logísticos, fortalecer la integración entre carreteras, puertos y aeropuertos y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones para aprovechar el potencial de la cartera de proyectos disponible.