El temor a denunciar y la normalización de estas agresiones complican el acceso a la justicia de las víctimas.

Por: Daniela Nickole Santander

El abuso sexual infantil es una de las realidades más desgarradoras y destructivas que puede enfrentar un ser humano, una fractura profunda que vulnera la inocencia en su etapa más indefensa, aunque muchas veces no se nota en el momento. Sin embargo, dentro de este doloroso escenario, existe una dimensión doblemente silenciada que transita bajo la sombra del tabú: el ultraje perpetrado contra niños y adolescentes varones por parte de mujeres adultas.

Este fenómeno, sistemáticamente invisibilizado por la sociedad, suele ser minimizado bajo el peligroso mito cultural de la «iniciación sexual temprana», atrapando al menor en un laberinto de confusión biológica y psicológica. Al distorsionarse la agresión y presentarse erróneamente como un acto «consensuado», se anula por completo la condición de víctima del niño, sembrando una culpa nociva que no solo destruye su estabilidad emocional de manera irreversible, sino que lo condena a un aislamiento prolongado que obstruye gravemente el camino hacia la justicia.

El peso del silencio en los menores varones se encuentra estrechamente ligado a la construcción social de la masculinidad y al arraigo de estereotipos de género. El doctor Edson Pacheco, médico psiquiatra especializado en niños y adolescentes, explica que las víctimas masculinas suelen carecer de una sensación real de seguridad dentro de su entorno para verbalizar el trauma. El temor a ser reprendidos, a recibir la culpa del acto o a presenciar cómo sus cuidadores minimizan el hecho o se ponen del lado del agresor (quien en más del 50% de los casos pertenece al círculo familiar directo) genera que el menor opte por el aislamiento. El mito cultural de que «un hombre no se deja someter» arrebata al niño su condición de víctima, sembrando en su lugar una culpa errónea y destructiva.

Esta distorsión cultural se agudiza drásticamente cuando la agresora es una mujer adulta, un escenario recurrentemente invisibilizado y normalizado por la sociedad. Para abordar este problema con seriedad, es urgente dejar de lado el falso estereotipo de que las mujeres son incapaces de ejercer violencia sexual, un sesgo que nubla la protección de los menores. El perfil de las agresoras echa por tierra las dinámicas preconcebidas, ya que suelen ser figuras cercanas que forman parte del entorno cotidiano y de confianza del niño, tales como profesoras, cuidadoras, vecinas o integrantes del propio núcleo familiar.

El Dr. Pacheco advierte que los medios de comunicación, la televisión y el cine suelen retratar estas agresiones hacia adolescentes varones bajo el velo de la comedia o la sátira, minimizando el impacto del daño. Ante una experiencia tan estresante, el cerebro del menor activa mecanismos de defensa como distorsiones cognitivas o episodios disociativos para sobrevivir al trauma. Así, influenciado por la presión social que felicita la iniciación sexual temprana del varón, el adolescente llega a convencerse de que el acto fue «consensuado», ignorando las evidentes y asimétricas relaciones de poder ejercidas por adultas o maestras a su cargo.

Esta normalización social cobra un rostro real en testimonios como el de Víctor H.G.P, quien relata la confusión vivida durante su infancia: «Mi primera experiencia sexual fue a los 12 años con una amiga de mi prima en un cumpleaños, ella tenía 20 años. Fueron tocamientos indebidos que posteriormente llegaron a un abuso; por años no lo consideré así. Cuando era niño y adolescente no entendía que un hombre podía ser abusado por una mujer, en ese tiempo no lo sentí como tal. Varios amigos contábamos experiencias similares en el colegio, pero como anécdotas y no como abusos». Este relato evidencia de qué manera el entorno amordaza la capacidad crítica del menor, transformando una agresión sistemática en una vivencia supuestamente cotidiana entre pares.

A edades aún más tempranas, la propia confusión biológica e involuntaria del cuerpo se convierte en un laberinto confuso para el menor. Cuando un niño experimenta un estímulo físico placentero y, en paralelo, el agresor (que suele ser una figura de su total confianza) le asegura que dicha conducta es normal y correcta, el menor asimila el acto como parte de su cotidianidad. Esta manipulación psicológica impide que la víctima identifique la agresión como un abuso sino hasta muchos años después, cuando el desarrollo intelectual le permite confrontar la realidad, rompiendo el secreto habitualmente durante un proceso de terapia psicológica o psiquiátrica.

Cuando la verdad finalmente sale a la luz y se decide iniciar el camino legal, las familias se enfrentan a un sistema judicial penal que impone severas exigencias técnicas. El abogado penalista Christiam Ramírez Arce señala que la persecución de estos ilícitos es compleja debido a que se consideran «delitos clandestinos», perpetrados en habitaciones cerradas y sin la presencia de testigos presenciales. En este escenario, la declaración del menor se transforma en la prueba fundamental y principal para conseguir una sanción. No obstante, Ramírez advierte que por tratarse de personas de corta edad, el transcurso de los días genera sesgos en la memoria e interiorización del hecho, por lo que una denuncia tardía tiende a debilitar seriamente el caso penal.

Para mitigar este impacto y proteger la integridad del menor, el ordenamiento jurídico peruano contempla la ejecución de la Prueba Anticipada en Cámara Gesell. Este protocolo, conducido exclusivamente por un psicólogo forense mediante métodos sutiles y el uso de herramientas lúdicas, busca capturar el testimonio del niño por única vez, evitando someterlo al agresivo proceso de declarar repetidamente ante la Policía, la Fiscalía y los jueces. Sin embargo, el abogado Ramírez recalca que, si la familia desiste de participar en esta diligencia por temor o presiones del entorno del agresor, el caso penal se extingue definitivamente, dejando en la impunidad delitos que el Código Penal castiga incluso con la pena de cadena perpetua.

De otro lado, las consecuencias de mantener el trauma bajo el silencio absoluto pasan una factura devastadora en la salud mental del individuo. Clínicamente, el Dr. Edson Pacheco detalla que cuando un niño no externaliza el estrés de la agresión a través de irritabilidad o problemas de conducta (los cuales suelen ser erróneamente catalogados en las escuelas como meros trastornos de conducta), el sufrimiento se internaliza. A largo plazo, este dolor psíquico evoluciona hacia trastornos depresivos mayores, fobias, ansiedad social crónica y, en los escenarios más graves, un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) complejo que altera permanentemente la capacidad del individuo para regular sus emociones y consolidar relaciones afectivas saludables.

Salvar la inocencia de los niños y adolescentes varones del flagelo del abuso sexual demanda un compromiso social urgente que trascienda la formulación de leyes y derribe, de una vez por todas, los sesgos de género. La verdadera prevención requiere transformar las escuelas e instituciones públicas en espacios de escucha empática donde las denuncias masculinas dejen de ser minimizadas o tratadas como una burla a la hombría. Devolverle a la infancia su derecho a la seguridad y la paz solo será posible cuando, como sociedad, aprendamos a escuchar el silencio de nuestros niños, desmantelando el tabú de las agresoras mujeres y validando la vulnerabilidad de los varones frente al horror.