Los funcionarios y servidores públicos que postulan a cargos de elección popular deberán acatar reglas más estrictas de neutralidad durante la campaña electoral. Mediante el Decreto Supremo N.° 073-2026-PCM, el Ejecutivo amplió el alcance de las disposiciones que regulan la actuación de los trabajadores del Estado y extendió su aplicación hasta las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 4 de octubre.

La medida cobra relevancia en Arequipa, donde varios trabajadores del Gobierno Regional (GRA) participan como candidatos sin haber dejado sus cargos. Entre ellos figura Bebeto Fidel Castro Endara, servidor de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, quien postula a la alcaldía distrital de Socabaya por el movimiento Yo Arequipa. En la misma organización también participa José Sulpicio Choque Cuno, jefe de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias, candidato a primer regidor del distrito José Luis Bustamante y Rivero; así como Adolfo Ybanok Huaman De La Gala, jefe de la Oficina de Contabilidad del GRA, quien aspira al cargo de regidor de Miraflores por la misma agrupación.

Con la modificación normativa, todos los funcionarios y servidores públicos, sin importar su régimen laboral, quedan obligados a mantener neutralidad política durante el ejercicio de sus funciones. El decreto prohíbe utilizar recursos públicos para difundir propuestas de candidatos o favorecer organizaciones políticas durante actividades oficiales, además de extender estas obligaciones a las entidades de los tres niveles de gobierno y a las empresas públicas.

La norma también dispone que las unidades de integridad de cada entidad supervisen el cumplimiento de estas restricciones y gestionen los riesgos de incumplimiento en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Las infracciones serán sancionadas conforme al reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

La actualización del marco de neutralidad busca asegurar que el aparato estatal no sea utilizado para favorecer candidaturas durante el proceso electoral de 2026. En la práctica, ello implica que los funcionarios que participan en política deberán mantener una separación estricta entre sus actividades proselitistas y el ejercicio de sus funciones públicas, evitando el uso de bienes, personal o recursos del Estado para fines electorales.