El Consejo Regional de Arequipa (CRA) advirtió el riesgo de caducidad de tres procedimientos administrativos sancionadores (PAS) seguidos contra los colegios privados Max Uhle, Nuestra Señora del Pilar y Lord Byron por presuntos casos de lesiones, agresión física, discriminación y omisión de denuncia de violencia sexual. Un informe de fiscalización evidenció demoras de más de un año en expedientes tramitados por la Gerencia Regional de Educación (GREA) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte.

EXPEDIENTES DEMORAN HASTA UN AÑO

El expediente con mayor retraso corresponde al colegio Nuestra Señora del Pilar, donde se investigaba la agresión física contra una escolar de 10 años ocurrida en febrero de 2025. Más de un año después, la UGEL Arequipa Norte no había culminado las acciones preliminares de supervisión ni iniciado formalmente el PAS. En el caso del colegio Max Uhle, se investigan las lesiones que sufrió una estudiante en 2023 por el uso de thinner sin equipos de protección. Aunque la GREA declaró nula la imputación de cargos en 2025, hasta mayo de 2026 no había notificado el nuevo Informe Final de Instrucción (IFI).

El expediente restante corresponde al colegio Lord Byron. Uno se inició por la suspensión de un estudiante presuntamente motivada por razones discriminatorias en mayo de 2025. La imputación de cargos fue notificada ese mes, pero el IFI demoró casi 10 meses. Un cuarto caso investigó la omisión de denuncia de un caso de violencia sexual contra una alumna de 13 años. En este expediente, la GREA tardó tres meses en proyectar la resolución de nulidad del PAS. Mientras que en mayo de 2026, el plantel recibió una multa de S/240 mil 750, equivalente a 45 UIT, tras determinarse que no comunicó ni registró oportunamente el hecho en la plataforma SíseVe.

La presidenta del CRA y titular de la comisión especial, Norma Ortega Valdivia, cuestionó que la GREA atribuyera las demoras a cambios en la normativa del Ministerio de Educación (MINEDU). “Ellos [GREA y UGEL] han argumentado que una modificación pendiente de una normativa del MINEDU no les permite actuar, pero nuestro informe concluye que eso no es una justificación para la dilación de estos temas. (…) Mientras no hayan las sanciones o actos correctivos correspondientes, los chicos y chicas están expuestos a entornos de violencia o de desprotección dentro de las mismas instituciones educativas”, sostuvo.

El informe también identificó la suspensión de inspecciones a colegios privados entre octubre de 2025 y abril de 2026, atribuida por la GREA a recortes presupuestales. Para la comisión, esta situación evidencia deficiencias en la planificación operativa y presupuestal de la entidad, debido a que durante ese periodo los colegios privados quedaron sin fiscalización. «Consideramos que a estas alturas esa clase de argumentos no sustentan la omisión», sostuvo la presidenta del CRA.

Adicionalmente, Ortega Valdivia también cuestionó que la GREA atribuyera parte de las demoras a la falta de personal especializado y al traslado de sus oficinas, realizado entre marzo y mayo de 2026. La consejera sostuvo que estos argumentos no justifican que los expedientes permanezcan sin resolución durante meses y señaló que, si la falta de personal constituía una limitación, correspondía a la propia entidad gestionar los recursos necesarios. “En todo caso ellos son los mismos llamados a solicitar más personal o a contratarlo”, afirmó.

El informe fue aprobado por el pleno del CRA y remitido a la Oficina de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) del Gobierno Regional de Arequipa y a la Contraloría General de la República para las acciones que correspondan. Asimismo, fue derivado a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público, mientras que el MINEDU fue exhortado a aprobar prioritariamente el Reglamento de la Ley N.° 32562.

Asimismo, en últimas semana se conoció que investigan presuntas agresiones contra un estudiante del colegio Dunalastair, ubicado en Sachaca, atribuidas a un grupo de compañeros. La Fiscalía Provincial de Familia de Jacobo Hunter, INDECOPI y la UGEL Norte realizan diligencias.

Las autoridades buscan determinar si el plantel aplicó correctamente los protocolos de prevención y protección. El caso permanece bajo investigación para establecer responsabilidades y trascendió que las autoridades pronto se pronunciarán.