A mediados de agosto, la DANA Aníbal —un fenómeno del clima que ocasiona lluvias extremas e inundaciones— produjo lluvias intensas en la costa de Arequipa. Los huaicos afectaron diversos sectores de la Panamericana Sur y obligaron a movilizar maquinaria para restablecer el tránsito entre Atico y Ocoña. El episodio fue inusual, pero el riesgo ya había sido identificado.

En el “Estudio de escenarios de riesgo por lluvias para el periodo junio-agosto de 2026”, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) reportó, con información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 165 zonas críticas por movimientos en masa en Arequipa. Estas zonas están asociadas con deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas y huaicos, cuya actividad puede aumentar o reactivarse ante lluvias intensas. Frente a un riesgo conocido, la discusión de política fiscal no debería limitarse a cuánto se gasta después de una emergencia, sino incluir también qué se financia antes para reducir sus posibles efectos.

Según el Fondo Monetario Internacional, la respuesta fiscal ante los desastres comprende diferentes momentos. Antes del evento incluye la inversión en infraestructura resiliente, la adaptación y el mantenimiento; ante un peligro o una emergencia moviliza recursos para la atención inmediata; y, posteriormente, financia la rehabilitación o reconstrucción. En el presupuesto peruano, una parte de estas intervenciones se financia mediante el Programa Presupuestal 0068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, ejecutado por entidades de los tres niveles de gobierno.

Para observar la evolución del PP 0068 en Arequipa, se comparan 2017, 2023 y 2026. En 2017 ocurrió El Niño Costero y en 2023 el ciclón Yaku. En ambos años, Arequipa registró lluvias intensas, deslizamientos, derrumbes, inundaciones y huaicos, además de evaluaciones y acciones de reconstrucción en el departamento. Aunque los tres años no son climáticamente idénticos, permiten contrastar el programa en periodos de alta exposición a lluvias.

Para mantener un criterio comparable, se consideran el presupuesto inicial aprobado (PIA) y la ejecución entre enero y julio de cada año. El presupuesto inicial del PP 0068 en Arequipa pasó de S/22,4 millones en 2017 a S/46,4 millones en 2023 y S/42,9 millones en 2026. Esto significa que el monto programado al inicio de 2026 fue 91,5% mayor que el de 2017, pero 7,6% menor que el registrado en 2023, esto a pesar de que ya se conocía la exposición del departamento a lluvias intensas, huaicos y deslizamientos, así como la posibilidad de condiciones asociadas con el Fenómeno El Niño. Si el objetivo del programa es prevenir y reducir riesgos, el presupuesto inicial debería incorporar esa información y guardar correspondencia con las necesidades previstas.

La ejecución, en cambio, siguió una trayectoria distinta: entre enero y julio pasó de S/27,4 millones en 2017 a S/40,1 millones en 2023 y S/85,5 millones en 2026, lo que representa aumentos nominales de 46,4% y 113,2%, respectivamente. Sin embargo, esta mayor ejecución no demuestra por sí sola una mejor prevención. El detalle de los proyectos muestra, además, avances desiguales: a julio, 20 proyectos que reunían un presupuesto modificado de S/7,4 millones registraban una ejecución inferior al 10%. Una ejecución elevada en el conjunto del programa puede mostrar capacidad de respuesta, pero no necesariamente una política preventiva. Sin conocer cómo se distribuye el gasto entre las actuaciones anteriores, simultáneas y posteriores al desastre, no es posible determinar si el aumento fortaleció la prevención o se concentró en atender emergencias ya ocurridas.

¿Por qué es importante mirar más allá del monto ejecutado? La OCDE recomienda gestionar la infraestructura durante todo su ciclo de vida e incorporar sus necesidades de operación y mantenimiento desde la planificación. Conservar un activo público protege el capital construido, prolonga su vida útil y puede evitar mayores gastos en el futuro. Cuando una infraestructura deja de funcionar, además, los costos no se limitan a su reparación: se extienden al transporte, la logística, el abastecimiento y la actividad productiva.

La evidencia internacional refuerza la importancia de actuar antes. Un documento de trabajo de Aligishiev y Kolpakova, publicado por el Fondo Monetario Internacional en 2025, simula los efectos de aumentar las inversiones en resiliencia estructural y adaptación climática en el Perú. Según el escenario climático, estima que estas medidas generarían, entre 2024 y 2050, ahorros fiscales promedio anuales de entre 1,2% y 1,6% del PBI.

La conclusión no es que Arequipa deba destinar menos recursos a las emergencias ni que la respuesta consista automáticamente en aumentar el presupuesto. Las lluvias extraordinarias no siempre pueden predecirse ni sus daños eliminarse por completo. Pero la política fiscal sí puede mejorar la forma en que programa, ejecuta y evalúa los recursos antes y después de una emergencia. Antes de que vuelva a llover, Arequipa necesita saber no solo cuánto gasta en gestionar el riesgo, sino también qué está conservando, dónde lo hace y con qué resultados.