Por Carlos Meneses

Por ello, el relevo de Arriola debe ser una oportunidad para reafirmar un principio fundamental: la seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier interés político. La Policía Nacional debe servir al Estado y a la ciudadanía, no convertirse en instrumento de coyunturas partidarias.

El relevo en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que deja a Óscar Arriola fuera de la conducción de la institución y coloca al teniente general Fredy López Mendoza como su sucesor, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que no puede ser ignorada: ¿cuánto de estas decisiones responde a razones estrictamente institucionales y cuánto a la presión política?

El Gobierno ha presentado la salida de Arriola como una decisión vinculada con la institucionalidad y la gobernabilidad. El propio oficial ha señalado que deja el cargo con la conciencia limpia y la frente en alto. Sin embargo, su salida se produce después de semanas de cuestionamientos políticos relacionados con la lucha contra la delincuencia. Esa coincidencia alimenta la percepción de que las presiones externas pudieron tener un peso importante en el cambio.

No se trata de defender a una persona ni de cuestionar anticipadamente al nuevo comandante general. Fredy López Mendoza tiene una trayectoria dentro de la Policía y, como jefe del Estado Mayor General, conoce las necesidades y desafíos de la institución. Lo que corresponde exigir es que su designación responda a criterios profesionales, técnicos y de mérito, y no a cálculos políticos de corto plazo.

La seguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de los peruanos. En ese escenario, cambiar constantemente a quienes conducen la Policía no contribuye necesariamente a mejorar los resultados. Una estrategia contra el crimen requiere continuidad, planificación, inteligencia, coordinación y evaluación permanente. También necesita respaldo político, pero un respaldo que permita trabajar y no que convierta a la institución en responsable exclusiva de problemas que involucran a todo el Estado.

Si la salida de Arriola obedeció realmente a una decisión personal, corresponde respetarla. Pero si existieron presiones políticas para provocar su relevo, el país merece conocerlas. La transparencia no debilita a la Policía; por el contrario, fortalece su legitimidad.

El nuevo comandante general recibirá una institución sometida a enormes expectativas y a una ciudadanía cansada de la inseguridad. Su principal desafío será demostrar que la Policía puede actuar con firmeza, pero también con autonomía profesional.

La lucha contra la delincuencia no puede convertirse en una disputa política. La Policía necesita conducción, recursos y respaldo institucional, pero, sobre todo, estabilidad. El país no necesita comandantes que duren mientras mantengan el respaldo político de turno; necesita una institución capaz de sostener políticas de seguridad más allá de los cambios de gobierno.