La ocupación de espacios públicos por vehículos evidencia la falta de fiscalización y deja mal paradas a instituciones como el Ministerio Público, la Policía y las autoridades municipales.

CAOS ES POR FALTA DE CONTROL

Las calles del Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, vienen siendo utilizadas cada vez con mayor frecuencia como estacionamientos, en medio de una preocupante falta de control de las autoridades responsables de preservar el orden y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

Vehículos particulares permanecen estacionados en calles y zonas donde el aparcamiento está restringido, ocupando espacios que deberían mantenerse libres para la circulación peatonal y vehicular. La situación no es nueva, pero su persistencia evidencia que las acciones de fiscalización no están logrando disuadir a los conductores que incumplen las disposiciones vigentes.

El problema no solo afecta el tránsito. También compromete la imagen y conservación de una zona que representa uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Arequipa. En lugar de mostrar un Centro Histórico ordenado, determinadas calles terminan funcionando como verdaderas playas de estacionamiento improvisadas.

La responsabilidad no puede recaer únicamente en los conductores. Si una infracción se repite diariamente y durante largos periodos, también corresponde preguntarse dónde están las autoridades encargadas de fiscalizar, sancionar y hacer cumplir las normas.

La Policía Nacional tiene entre sus funciones garantizar el orden y la seguridad en las vías públicas. Las municipalidades, por su parte, cuentan con competencias de fiscalización del transporte y del uso de determinadas áreas públicas. A ello se suma la responsabilidad de las instituciones que intervienen en la protección del patrimonio histórico, particularmente cuando la ocupación vehicular termina afectando espacios sensibles del Centro Histórico.

Pero existe otro actor que tampoco debería permanecer al margen: el Ministerio Público. Cuando las autoridades advierten situaciones que pueden comprometer el patrimonio cultural o cuando existen denuncias reiteradas sobre incumplimiento de disposiciones, corresponde que el sistema de justicia evalúe si se están cometiendo infracciones o delitos y actúe dentro de sus competencias.

El problema es que, mientras las instituciones se reparten competencias, los vehículos continúan ocupando las calles.

La falta de control termina enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía: que las normas pueden incumplirse si no existe una autoridad presente para hacerlas respetar. Un conductor que encuentra decenas de vehículos estacionados en una zona prohibida difícilmente percibirá que existe una política seria de recuperación del espacio público.

La situación también afecta a los peatones. Aceras, esquinas y espacios destinados al desplazamiento de las personas pueden terminar bloqueados por vehículos, obligando a los ciudadanos a caminar por la calzada y aumentando el riesgo de accidentes. El problema se vuelve más grave para adultos mayores, personas con discapacidad, niños y familias que recorren diariamente el Centro Histórico.

A esto se suma el impacto sobre la actividad turística. Arequipa vende precisamente la imagen de una ciudad histórica, arquitectónica y patrimonial. Sin embargo, la experiencia de quienes recorren sus calles puede verse deteriorada cuando encuentran vehículos ocupando espacios públicos.

No se trata de declarar una guerra contra los automóviles. Se trata de ordenar su circulación y estacionamiento, establecer reglas claras y, sobre todo, hacerlas cumplir.

Las autoridades conocen las zonas donde se presentan mayores problemas. También conocen los horarios de mayor congestión y los puntos donde los conductores suelen estacionarse pese a las restricciones. Por ello, resulta difícil justificar que no puedan establecer operativos permanentes y sostenidos.

Los controles ocasionales tampoco solucionan el problema. Se requiere una estrategia conjunta que incluya fiscalización, señalización adecuada, sanciones efectivas, retiro de vehículos cuando corresponda y seguimiento a los infractores.

De poco sirve colocar una señal de prohibido estacionar si nadie verifica su cumplimiento. Tampoco tiene sentido imponer una multa si el infractor sabe que probablemente no volverá a ser fiscalizado.

La recuperación del Centro Histórico exige decisiones concretas. La municipalidad debe fortalecer sus operativos; la Policía debe apoyar el control del tránsito; las instituciones vinculadas a la protección del patrimonio deben intervenir cuando corresponda y el Ministerio Público debe actuar frente a los casos que puedan configurar responsabilidades penales.

El Centro Histórico no puede convertirse en un estacionamiento informal por ausencia de autoridad. Arequipa necesita que sus instituciones dejen de actuar de manera aislada y asuman su responsabilidad.

La ciudad ya tiene suficientes problemas de congestión y deterioro urbano. Permitir que sus calles patrimoniales sean ocupadas indiscriminadamente por vehículos solo profundiza el problema.

El verdadero desafío no está en anunciar nuevos operativos ni en presentar campañas de sensibilización. Está en demostrar que las normas se cumplen todos los días, incluso cuando no hay cámaras, periodistas o funcionarios observando.

Mientras las calles continúen llenándose de vehículos sin que exista una respuesta efectiva, la señal para la ciudadanía será evidente: en el Centro Histórico, la falta de control terminó convirtiéndose en la regla.