La seguridad de los ciudadanos no puede ser rehén de la confrontación política.

La ola delincuencial que golpea al país exige una respuesta inmediata, coordinada y, sobre todo, eficaz. Sin embargo, mientras los ciudadanos demandan mayor seguridad, el Ejecutivo y el Congreso parecen encaminados a convertir la lucha contra el crimen en un nuevo escenario de enfrentamiento político.

El Gobierno ha solicitado al Parlamento facultades legislativas por 120 días para aprobar 66 medidas agrupadas en ocho materias. El paquete incluye propuestas relacionadas con seguridad ciudadana, crimen organizado, armas, telecomunicaciones, modernización del Estado y otros asuntos.

El Congreso, por su parte, ha pedido mayor precisión y delimitación de varias de estas atribuciones. Esa exigencia no debe ser interpretada automáticamente como una obstrucción. Una delegación legislativa debe tener materias específicas, límites claros y un plazo determinado. Ese control es parte del funcionamiento democrático y evita que una situación de emergencia termine justificando poderes excesivamente amplios.

Pero tampoco puede utilizarse la revisión parlamentaria como argumento para retrasar indefinidamente medidas que realmente sean necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales. El ciudadano que sufre una extorsión, un asalto o teme por su negocio no tiene por qué esperar a que Ejecutivo y Legislativo resuelvan sus diferencias.

La advertencia del Gobierno de recurrir a decretos de urgencia si no obtiene las facultades merece, por ello, especial atención. La Constitución establece que estos decretos con fuerza de ley deben referirse a materia económica y financiera, cuando el interés nacional lo requiera, y deben ser puestos en conocimiento del Congreso. No pueden convertirse en una vía paralela para legislar sobre cualquier asunto que el Parlamento no haya aprobado.

Aquí está el punto central: combatir la delincuencia requiere resultados, no una disputa sobre quién tiene la última palabra. El Ejecutivo debe presentar medidas concretas, técnicamente sustentadas y con objetivos verificables. El Congreso debe debatirlas con responsabilidad, evitando tanto el bloqueo político como la aprobación apresurada de normas insuficientemente evaluadas.

La seguridad tampoco se resuelve únicamente modificando códigos o comprando armamento. Se necesita inteligencia policial, investigación criminal, fiscales y jueces capaces de procesar los casos, control penitenciario, tecnología, coordinación institucional y recursos utilizados de manera eficiente.

El país no necesita que dos poderes del Estado compitan por atribuirse la responsabilidad del fracaso. Necesita que ambos asuman la responsabilidad que les corresponde.

La delincuencia no espera sesiones, comisiones ni votaciones. Por eso, Ejecutivo y Congreso tienen la obligación de dejar de lado el enfrentamiento y construir una respuesta común. Si existen facultades que realmente son indispensables, deben aprobarse con límites claros. Si existen excesos, deben corregirse.