El Gobierno planteó al Congreso establecer un régimen de responsabilidad penal diferenciado y medidas de seguridad reforzadas para adolescentes considerados de alta peligrosidad, como parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La propuesta busca evitar que menores que hayan cometido infracciones graves o que presenten características asociadas al crimen organizado compartan espacios con adolescentes que cumplen medidas socioeducativas por hechos de menor gravedad.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la iniciativa contempla trasladar a los adolescentes considerados de mayor riesgo a módulos especializados, donde estarían sujetos a mayores medidas de control y vigilancia.

El Ejecutivo plantea modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para establecer una clasificación considerando factores como la edad, la gravedad de la infracción cometida y el perfil criminológico de cada menor.

La propuesta también incorpora medidas orientadas a la rehabilitación y reinserción social. Entre ellas figura la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), que deberá elaborarse tomando en cuenta las características personales, necesidades y entorno familiar, social y educativo de cada adolescente.

Asimismo, se plantea fortalecer los programas sociolaborales y el acompañamiento después de que los menores abandonen los centros juveniles. El objetivo es facilitar su acceso a educación, salud y empleo, además de reducir el riesgo de reincidencia.

La PCM señaló que estas medidas buscan impedir que adolescentes internados sean captados o utilizados por organizaciones criminales durante su permanencia en los centros juveniles.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público, entre enero y mayo de 2026 fueron retenidos en flagrancia 2,640 adolescentes de entre 14 y 17 años.

En el mismo periodo, otros 41 menores de entre 10 y 13 años fueron intervenidos bajo medidas de protección. Cerca del 90 % del total de casos correspondió a varones.

La iniciativa deberá ser evaluada por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.