Por: Dr. Econ. David Espinoza Riega.

Al aproximarnos a un nuevo proceso electoral regional y municipal, la discusión pública debería ir más allá de conocer quiénes aspiran a conducir nuestros gobiernos. Una cuestión fundamental es saber en qué condiciones institucionales y administrativas recibirán las nuevas autoridades las regiones y municipios. Esta pregunta resulta especialmente importante para Arequipa y el sur del país, donde contamos con importantes recursos naturales, actividad minera, capacidad empresarial y posibilidades de inversión, pero todavía observamos necesidades sociales insatisfechas, proyectos inconclusos y recursos públicos que no siempre generan los resultados esperados.

CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN LAS REGIONES

Las estadísticas muestran la dimensión del problema. El Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 señala que 19 de las 25 regiones del Perú presentan riesgos elevados relacionados con la corrupción y el uso inadecuado de los recursos públicos. Además, mientras en 2019 solamente tres regiones se encontraban en niveles altos de riesgo, actualmente son diez. Esto no significa que todas estas regiones sean corruptas: un riesgo de corrupción no equivale a un delito comprobado y una irregularidad administrativa tampoco determina automáticamente responsabilidad penal. Sin embargo, los indicadores sí revelan vulnerabilidades que requieren mayor prevención, transparencia y control.

La magnitud económica resulta todavía más preocupante. Según estimaciones de la Contraloría General de la República, durante 2023 la corrupción y la inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas por aproximadamente S/24 268 millones, equivalentes al 12,7 % del presupuesto público ejecutado. En términos sencillos, la estimación representa alrededor de S/12.70 por cada S/100 ejecutados por el Estado. Aunque porcentualmente existe una mejora frente al 14,9 % registrado en 2019, el monto económico aumentó de aproximadamente S/23 297 millones a S/24 268 millones.

La situación de los gobiernos regionales merece especial atención. De los S/24 268 millones estimados para 2023, S/11 992 millones correspondieron al Gobierno nacional, S/7 615 millones a los gobiernos regionales y S/4 660 millones a los gobiernos locales. Sin embargo, proporcionalmente fueron los gobiernos regionales los que presentaron la mayor incidencia: 15,4 % de su presupuesto ejecutado, frente al 13,1 % de los gobiernos locales y 11,3 % del Gobierno Nacional. Es decir, la estimación para el nivel regional equivale a más de S/15 por cada S/100 ejecutados.

Otro dato permite comprender dónde se concentra el perjuicio: la inversión pública representó aproximadamente S/8 963 millones, con una incidencia estimada de 17,5 %; abastecimiento alcanzó S/8 836 millones, con 17,2 %; y recursos humanos S/6 469 millones, con 7,3 %. Por ello, no estamos únicamente ante un problema ético o jurídico. Cuando los recursos destinados a inversión son afectados, disminuye también la capacidad del Estado para construir hospitales, carreteras, colegios, sistemas de saneamiento y otras obras necesarias para la población.

Los informes de control complementan este panorama. La Defensoría del Pueblo, después de analizar 924 informes de control emitidos entre enero de 2023 y junio de 2025, identificó 5 719 casos de responsabilidad penal y civil, así como procesos por responsabilidad administrativa y administrativa sancionadora, relacionados con 88 autoridades regionales y municipales. Nuevamente, estos datos no representan necesariamente condenas judiciales, pero su magnitud demuestra que el fortalecimiento de la integridad pública constituye una necesidad real.

AREQUIPA: LAS CIFRAS NOS OBLIGAN A MIRAR NUESTRA REALIDAD

Aunque Arequipa aparece relativamente bien posicionada en algunos indicadores de integridad y competitividad, ello no significa ausencia de problemas. La Contraloría estimó para 2023 un perjuicio extrapolado de aproximadamente S/928 millones por corrupción e inconducta funcional en nuestra región. Se trata de una estimación estadística y no de S/928 millones comprobados como sustraídos mediante auditorías, distinción indispensable para interpretar correctamente la cifra.

Pero existen también resultados concretos de control. Durante 2023, la Contraloría examinó en Arequipa recursos públicos por más de S/1 258 millones, observó aproximadamente S/171,3 millones e identificó un perjuicio económico de S/78,26 millones en diversas entidades públicas. Asimismo, determinó presuntas responsabilidades relacionadas con 401 funcionarios y servidores públicos. De ellos, 195 registraron presunta responsabilidad administrativa, 192 civil, 170 penal y 81 estuvieron comprendidos en procedimientos administrativos sancionadores; estas categorías pueden superponerse y, por tanto, no deben sumarse.

No parece tratarse de una situación limitada a un solo ejercicio. En 2022, la Contraloría había determinado presuntas responsabilidades en 489 funcionarios de 176 entidades de Arequipa, además de observar aproximadamente S/195 millones e identificar un perjuicio económico superior a S/84 millones.

Las cifras adquieren un significado todavía mayor cuando las relacionamos con casos específicos. En las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales de La Joya se identificó un perjuicio aproximado de S/15,65 millones; en la carretera Pampacolca–división Tagre–Tipán, más de S/10 millones; y en la interconexión vial de las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Daniel Alcides Carrión, aproximadamente S/3,8 millones. Incluso en el ámbito distrital, la Contraloría identificó en Paucarpata un perjuicio de S/401 543 relacionado con pagos por 16 servicios que, según el informe de control, no fueron ejecutados en el proyecto del complejo multideportivo Campo Marte.

UNA PREOCUPACIÓN QUE ALCANZAR AL SUR

El problema tampoco se limita a Arequipa. Para 2023, las estimaciones de perjuicio por corrupción e inconducta funcional alcanzaron aproximadamente S/1 352 millones en Cusco, S/928 millones en Arequipa y S/887 millones en Puno. Estas cifras no permiten afirmar que una región sea “más corrupta” que otra, porque los presupuestos regionales tienen diferentes dimensiones y estamos hablando de estimaciones estadísticas. Sí permiten advertir que el costo económico potencial del problema alcanza magnitudes considerables en el sur peruano.

Aquí encontramos una de nuestras principales contradicciones: el sur dispone de importantes recursos naturales, actividad minera, transferencias fiscales y capacidad profesional, pero contar con mayores recursos no garantiza automáticamente mejores servicios. Nuestro desafío no consiste solamente en obtener más presupuesto, sino en convertirlo eficientemente en bienestar para la población.

Y es precisamente allí donde las estadísticas económicas adquieren una dimensión humana. Los S/24 268 millones estimados a nivel nacional no son solamente una cifra contable. Los recursos públicos afectados por corrupción e inconducta funcional reducen la capacidad del Estado para atender necesidades en salud, educación, infraestructura, seguridad, saneamiento y transporte. Detrás de una inversión sanitaria deficiente existen pacientes; detrás de una carretera inconclusa existen agricultores, comerciantes y transportistas; detrás de un proyecto de saneamiento que no cumple sus objetivos existen familias esperando agua potable.

También debemos ser rigurosos: una obra paralizada no significa necesariamente corrupción. Puede detenerse por expedientes técnicos deficientes, controversias contractuales, arbitrajes, falta de financiamiento, fenómenos naturales, conflictos sociales o problemas administrativos. Pero una elevada cantidad de proyectos inconclusos sí obliga a revisar la calidad de la planificación, contratación, supervisión y ejecución de la inversión pública.

Por ello considero que Arequipa no necesita únicamente mayor inversión: necesita fundamentalmente mejor inversión. Ejecutar presupuesto no necesariamente equivale a solucionar problemas. La pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué recibió finalmente el ciudadano por cada sol gastado por el Estado? Un hospital funcionando, una carretera transitable, un colegio adecuado, agua y saneamiento, seguridad y servicios públicos eficientes constituyen mejores indicadores del éxito de una gestión que el simple porcentaje de ejecución presupuestal.

Existe finalmente un costo que resulta mucho más difícil de expresar estadísticamente: la pérdida de confianza ciudadana. Podemos cuantificar los S/24 268 millones estimados nacionalmente, los S/928 millones estimados para Arequipa o los S/78,26 millones identificados mediante acciones concretas de control; pero resulta mucho más difícil medir cuánto pierde una sociedad cuando sus ciudadanos dejan de confiar en sus autoridades e instituciones.

Por ello, combatir la corrupción no puede limitarse a identificar responsables cuando el daño ya se produjo. También significa prevenir: mejores expedientes técnicos, profesionales competentes, contrataciones transparentes, órganos de control fortalecidos e información pública que permita conocer cuánto cuesta una obra, cuánto debía durar, cuánto se ha ejecutado y por qué se modificaron sus condiciones.

Las cifras son suficientemente claras: S/24 268 millones de perjuicio nacional estimado en 2023; S/7 615 millones correspondientes a gobiernos regionales; S/8 963 millones asociados a inversión pública; 5 719 casos de responsabilidad derivados de 924 informes subnacionales; S/928 millones de perjuicio extrapolado para Arequipa y S/78,26 millones de perjuicio económico identificado mediante acciones concretas de control en nuestra región. Son indicadores diferentes y deben interpretarse de acuerdo con su metodología, pero todos coinciden en una necesidad: mejorar la calidad de nuestras instituciones y la administración de los recursos públicos.

Arequipa y el sur poseen recursos económicos, capacidad profesional y un enorme potencial productivo. Nuestro reto consiste en convertir esas fortalezas en desarrollo, infraestructura concluida y mejores servicios. Porque detrás de todas estas estadísticas existe una conclusión sencilla: cada sol público que se pierde, se utiliza deficientemente o no alcanza la finalidad para la cual fue destinado disminuye la capacidad del Estado para generar bienestar.

Y existe algo todavía más difícil de recuperar que el dinero o una obra paralizada: la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sus instituciones.