La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá determinar si el expresidente Alejandro Toledo puede cumplir bajo arresto domiciliario el resto de su condena de 20 años y seis meses de prisión por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

EXMANDATARIO AFRONTA OTRA CONDENA

El tribunal supremo declaró bien concedido el recurso de casación presentado por la defensa del exmandatario contra las resoluciones judiciales que rechazaron su solicitud para sustituir la prisión efectiva por detención domiciliaria, al amparo de la Ley 32181, que contempla esta posibilidad para personas mayores de 80 años por razones humanitarias.

La decisión permitirá que la Corte Suprema examine los argumentos de la defensa y establezca criterios jurisprudenciales sobre la aplicación de esta norma. Entre los puntos que deberá resolver figura si es necesario contar con una sentencia firme para que una persona mayor de 80 años pueda acceder a esta modalidad de cumplimiento de condena.

El colegiado también analizará si la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional incurrió en una deficiente motivación al resolver la apelación y si la interpretación de las disposiciones del Código Penal relacionadas con la edad y la libertad personal vulneró derechos fundamentales del exmandatario.

La solicitud fue rechazada inicialmente el 9 de mayo de 2025 por el entonces juez Richard Concepción Carhuancho. Posteriormente, el 2 de septiembre de ese año, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó esa decisión.

Tras admitir el recurso, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, dispuso que el expediente permanezca durante diez días a disposición de las partes para que puedan examinarlo y presentar alegatos ampliatorios. Cumplido ese plazo, se fijará la fecha de una audiencia virtual para evaluar el recurso y emitir una decisión.

Toledo permanece recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. Paralelamente, su defensa espera que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional resuelva el recurso presentado para anular la condena impuesta el 21 de octubre de 2024 por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

El exmandatario, quien gobernó el Perú entre 2001 y 2006, afronta además otra condena de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de activos agravado en el denominado caso Ecoteva, impuesta en septiembre de 2025.