Por Jorge Turpo R.

Las unidades permanecen almacenadas hace cinco meses por demoras en los trámites para circular. No contarán con cámaras, equipos de comunicación ni conexión con la central 105, mientras que la Policía deberá asumir los gastos de conservación una vez vencido el contrato con la proveedora.

GRA ORGANIZA PARA HOY CEREMONIA

Los 100 patrulleros que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) entregará a la Policía Nacional llegarán con equipamiento básico y tendrán apenas cinco meses de mantenimiento cubierto por la empresa proveedora. Después de ese periodo, la institución policial deberá asumir los costos para mantener operativas las camionetas, pese a sus conocidas limitaciones presupuestales para adquirir repuestos, cambiar llantas y atender otras necesidades mecánicas.

Las unidades llevan cinco meses almacenadas, expuestas al polvo y al deterioro, mientras se tramitaban las placas y los permisos necesarios para que puedan circular.

Pese a esta demora, el gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que hoy lunes 26 de octubre se realizará la entrega oficial de los vehículos en una ceremonia en la Plaza de Armas de Arequipa.

La compra, realizada a la empresa limeña Maquinarias, corresponde a camionetas de la marca Nissan con una inversión de más de 18 millones de soles.

Sin embargo, el equipamiento considerado en el contrato se limita a una jaula antivuelco y una circulina, el dispositivo luminoso que permite identificar a los vehículos de emergencia.

No se ha previsto la instalación de equipos de comunicación, cámaras ni sistemas que permitan conectarlos con la central de emergencias 105.

En la práctica, serán vehículos para realizar patrullaje, pero no contarán con las herramientas tecnológicas que permitirían mejorar la coordinación de los efectivos, registrar intervenciones y responder con mayor rapidez ante una emergencia. La diferencia no es menor en una ciudad que necesita fortalecer su capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

La ausencia de estos dispositivos se explica, según los términos de referencia elaborados antes de la licitación, por la decisión de limitar el equipamiento para evitar que el costo de la adquisición se elevara considerablemente. Incorporar todos los componentes de un patrullero inteligente, se argumentó durante la planificación, podía prácticamente duplicar el precio de cada unidad.

No obstante, especialistas en seguridad sostienen que los vehículos policiales deberían entregarse completamente implementados si se busca que los agentes realicen una labor eficiente. Una camioneta permite trasladar efectivos y recorrer las calles, pero su capacidad operativa es distinta cuando dispone de comunicación directa, cámaras y conexión con los sistemas de emergencia.

El propio gobernador regional reconoció que se había contemplado desarrollar un segundo proyecto para adquirir el equipamiento faltante. Esa iniciativa, no obstante, no avanzó ni llegó a concretarse. Por ello, las unidades serán entregadas sin esos componentes, más allá de la jaula antivuelco y la circulina.

El problema también alcanza al mantenimiento. El contrato con la empresa proveedora contempla únicamente cinco meses de este servicio. Cumplido ese plazo, la Policía Nacional deberá hacerse cargo de las reparaciones y del mantenimiento preventivo de las camionetas.

La experiencia de las comisarías muestra las dificultades que puede generar esa obligación. La falta de presupuesto para repuestos, neumáticos y reparaciones mecánicas provoca que algunas unidades queden fuera de circulación durante periodos prolongados. Si no se garantiza una partida para atender las nuevas camionetas, la renovación del parque automotor podría perder parte de su efecto con el paso del tiempo.

En cuanto al combustible, la previsión es que las nuevas camionetas reemplacen unidades antiguas que han quedado obsoletas. La dotación asignada a esos vehículos será transferida a los nuevos patrulleros. La medida permitirá mantener el abastecimiento previsto, aunque no supone necesariamente un incremento de los recursos disponibles para las labores policiales.

La adquisición llega después de un proceso que se prolongó durante casi cuatro años de la gestión de Rohel Sánchez. El camino tampoco estuvo libre de cuestionamientos. Un primer intento de compra, que contemplaba 25 patrulleros, se frustró en medio de denuncias sobre un presunto direccionamiento a favor de una empresa. En aquella operación, las camionetas incluso habrían estado listas con los logotipos de la Policía antes de que se suscribiera el contrato.

A diferencia de la adquisición actual, aquella primera propuesta sí contemplaba un equipamiento más amplio y mantenimiento por un periodo de hasta un año. La compra finalmente no se concretó y el proceso tuvo que retomarse.

Ahora, con la entrega de las 100 unidades anunciada para el 26 de octubre, el Gobierno Regional busca poner fin a una espera prolongada.

Queda claro que la renovación de la flota policial no se mide únicamente por la cantidad de camionetas adquiridas. También depende de su equipamiento, del mantenimiento que reciban y de la capacidad de los agentes para utilizarlas.