Por Carlos Meneses

El Niño extraordinario todavía es un escenario de riesgo, no un daño consumado. Precisamente por eso existe tiempo para actuar. Si tres de cada cuatro economistas advierten que la economía puede perder al menos un punto de crecimiento, ignorar esa señal sería trasladar nuevamente el costo de la imprevisión a los ciudadanos. El país necesita prevención real, no otra reconstrucción tardía.

La advertencia de los economistas debería obligar al Gobierno a cambiar sus prioridades. El 75 % de los especialistas consultados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) considera que un Fenómeno El Niño Costero extraordinario podría restar al menos un punto porcentual al crecimiento del país en 2027. No se trata de una cifra menor: significa menos producción, inversión, empleo e ingresos para miles de familias. El riesgo climático ha desplazado incluso a la inseguridad ciudadana como principal preocupación económica de corto plazo. Sin embargo, las alertas no parecen traducirse todavía en una respuesta estatal proporcional a la magnitud del peligro.

El 78 % de los economistas identifica los riesgos climáticos como la principal amenaza para la economía, por encima de la inseguridad y el crimen organizado, que alcanza el 66 %. Esta percepción tiene sustento. Las lluvias extraordinarias, inundaciones, huaicos y deslizamientos pueden destruir carreteras, interrumpir cadenas de abastecimiento, afectar cultivos, paralizar actividades comerciales y comprometer infraestructura pública. El costo no termina cuando desaparece el agua: continúa durante años mediante reconstrucciones, pérdidas de inversión y familias que deben recuperar lo que perdieron.

Arequipa conoce estas consecuencias. Los daños ocasionados por las lluvias, la vulnerabilidad de las vías, los puentes y las viviendas, así como la existencia de puntos críticos que todavía esperan intervención, demuestran que la prevención sigue siendo una tarea pendiente. No basta con declarar emergencias, aprobar presupuestos o anunciar maquinaria cuando los desastres ya ocurrieron. La capacidad de respuesta debe medirse por las obras preventivas ejecutadas, los sistemas de alerta operativos y la población efectivamente protegida.

La encuesta del IPE también revela que los economistas reclaman menos trabas burocráticas, modernización del Estado y mejores condiciones para la inversión. Son reformas necesarias, pero ninguna tendrá resultados sostenibles si el país continúa exponiendo su infraestructura y sus actividades productivas a riesgos previsibles. La prevención no es un gasto prescindible: es una inversión para proteger el crecimiento.

El Gobierno nacional, las autoridades regionales y los municipios tienen que asumir responsabilidades concretas, con cronogramas, financiamiento y resultados verificables. Se requiere intervenir quebradas, reforzar defensas ribereñas, asegurar carreteras, proteger colegios y hospitales y garantizar continuidad de los servicios básicos.