Por: Carlos Meneses

La escuela debe ser un espacio seguro, no un lugar donde las denuncias se acumulan mientras el tiempo pasa. Cada expediente pendiente representa una obligación del Estado. La protección de la niñez no admite postergaciones.

La cifra de 432 expedientes de docentes investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual que permanecen sin una resolución definitiva revela una deuda grave del sistema educativo y de las autoridades encargadas de garantizar la protección de los escolares. No se trata de simples trámites administrativos pendientes. Detrás de cada expediente puede haber una víctima que espera justicia, una familia que exige respuestas y una comunidad educativa que necesita recuperar la confianza.

En Arequipa, la situación también preocupa: se reportan 116 casos de violencia sexual. El dato obliga a mirar más allá de las estadísticas y preguntarse cuánto tiempo llevan estas denuncias sin una decisión y qué garantías existen para evitar que los estudiantes queden expuestos mientras se desarrollan las investigaciones.

El Ministerio de Educación informa que 143 expedientes cuentan con procedimientos administrativos disciplinarios instaurados y nueve tienen informe final, pero todavía esperan una decisión. Más de 300 continúan en la etapa de ingreso. Esta acumulación evidencia que los mecanismos de atención no están respondiendo con la oportunidad que exige la gravedad de los hechos denunciados. Una investigación puede requerir garantías y respeto al debido proceso, pero eso no justifica la demora indefinida ni la falta de información a las familias.

El propio sector ha recordado que los docentes con separación preventiva vigente no pueden permanecer en las aulas ni tener contacto con escolares. Deben cumplir labores administrativas mientras avanzan las investigaciones. Esta disposición es fundamental, pero su eficacia depende de que las autoridades la cumplan, supervisen y hagan cumplir. No basta con emitir una directiva: hay que verificar que ningún estudiante quede expuesto a una situación de riesgo.

Las denuncias por tocamientos indebidos, acoso sexual, hostigamiento mediante medios tecnológicos y violación exigen respuestas diligentes, especializadas y transparentes. También requieren acompañamiento a las víctimas para evitar que la demora institucional se convierta en una segunda forma de violencia. La protección de los menores debe estar por encima de cualquier cálculo burocrático o interés corporativo.

Resolver los expedientes no significa imponer sanciones de manera automática. Significa investigar con rigor, respetar el derecho de defensa y determinar responsabilidades sin dilaciones injustificadas. La impunidad y las decisiones apresuradas perjudican por igual la justicia.

El MINEDU y las instancias regionales deben establecer plazos verificables, priorizar los casos más antiguos, fortalecer los equipos responsables y publicar información periódica sobre el avance de los procedimientos, sin exponer la identidad de las víctimas. En Arequipa, los 116 casos demandan una respuesta concreta y seguimiento público.