La evaluación del juez Juan Gustavo Varillas Solano, conocido por emitir medidas cautelares exprés, está bajo cuestionamiento debido a que el informe preparado para determinar su continuidad en el Poder Judicial no registra sus antecedentes disciplinarios ni las investigaciones que afrontó por presuntos vínculos con organizaciones cuestionadas.

Una investigación revela que el magistrado acumula 28 meses de suspensión desde 2015. Pese a ello, este historial no aparece en el documento elaborado por la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que deberá pronunciarse sobre su permanencia como juez civil y comercial de Lima.

Otra omisión señalada corresponde al proceso penal que Varillas afrontó en la Corte Suprema por su presunta relación con la red del empresario Rodolfo Orellana. En ese procedimiento se dictaron medidas de comparecencia y embargo de bienes contra el magistrado.

Tampoco se consignaría la investigación fiscal relacionada con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, originada por sus comunicaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza.

En febrero de 2018 Hinostroza se comunicó con Varillas para pedirle que recibiera de manera reservada al abogado Mario Castillo, quien supuestamente lo había apoyado anteriormente. El magistrado respondió que no podía atenderlo en su despacho, pero planteó la posibilidad de reunirse fuera de las instalaciones judiciales.

La conversación forma parte de los elementos que fueron objeto de investigación por las autoridades.

La decisión final estará en manos de la JNJ, presidida por María Teresa Cabrera, que deberá establecer si Varillas reúne las condiciones para continuar en la magistratura. La controversia pone en cuestión la exhaustividad de la evaluación y la transparencia con la que se revisan los antecedentes de quienes aspiran a permanecer en la carrera judicial.