— Redacción Diario El Pueblo —

El Poder Judicial rechazó la cuestión previa (mecanismo procesal de defensa) presentada por los abogados del expresidente, Pedro Castillo Terrones, con la intención de anular el proceso judicial que se le sigue por ser autor del presunto delito de rebelión.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no aceptó el argumento planteado que señalaba que a Castillo no se le realizó el antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso de la República durante la vacancia.

En la fecha de la audiencia, el magistrado, Juan Carlos Checkley Soria, prestó atención a las premisas explicadas por ambas partes, al procesado le cedió la palabra, dijo no haber renunciado a su derecho al antejuicio político y que se había vulnerado su derecho a la defensa.

“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente, que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional. Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, dijo en la audiencia.

ACCIÓN DE AMPARO

Castillo ha abierto otro frente con la finalidad de anular la vacancia por incapacidad moral resuelta por el Congreso. La Acción de Amparo, tramitada ante el Poder Judicial, la dirigió contra el presidente del Legislativo, José Williams, quien, de acuerdo con la demanda habría afectado el debido proceso y el derecho a la defensa de Castillo.

La principal pretensión del procesado es que se le reestablezca como jefe de Estado y se declare nulo todo acto administrativo que ejecute el Congreso y que pretenda impedir su restitución.